La flota atunera española defiende que el reparto de las posibilidades de pesca en el océano Índico se haga teniendo en cuenta los históricos de los buques según su bandera -como hace España con su propia cuota en estas aguas- y rechaza que las cantidades pescadas dentro de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de cada país se asignen al estado al que pertenecen, como reclaman los países afectados. La decisión sobre cuál de las dos medidas se adoptará quedó aplazada tras la 22ª sesión anual de la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC, por sus siglas en inglés) celebrada esta semana en Tailandia. Para decidir qué modelo adoptar se realizarán en los próximos meses simulaciones sobre su impacto.

El gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac), Juan Pablo Rodríguez-Sahagún, asegura que el escenario al que se enfrentan los atuneros españoles es "realmente preocupante". "La fuerte ofensiva de los estados costeros de cara a hacer la redistribución pondría a la flota en una posición complicada, porque todo lo que ésta pesca dentro de sus ZEE se le adjudicaría a ellos", lamenta Rodríguez-Sahagún.

La Unión Europea apuesta por la redistribución de las posibilidades de pesca según los históricos de los buques por bandera y, según el sector, hizo una "buena defensa" de su postura, pero está dispuesta a hacer cesiones, algo que la flota española rechaza. "La UE respalda que al menos el 10% de las capturas realizadas dentro de las ZEE de los países se asignen a cada uno de ellos", explica el gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), Julio Morón.

Para determinar cuál de las dos propuestas es la que finalmente se adopta, un consultor independiente realizará simulaciones de las proposiciones de los estados ribereños y la UE para establecer cuál es el impacto que tienen sobre cada una de las flotas. El resultado de este análisis se abordará en la próxima reunión anual de la IOTC para debatir y decidir qué criterio de reparto es el que elige. "Estamos satisfechos con esta decisión, que es lo que más conviene a los intereses de la UE y a España", indicó la eurodiputada socialista y miembro de la comisión de Pesca, Clara Aguilera, que participó en la reunión en Tailandia. Según la política española, esta convención afecta a 73 buques cerqueros y palangreros europeos de los que 36 son españoles.

La reclamación de la flota española de tener en cuenta los históricos a la hora de repartir las posibilidades de pesca consiste en extender el sistema que estableció la primera orden ministerial del Gobierno central para regular la captura de atún rabil o de aleta amarilla, que establece cuotas de acuerdo con los datos de los tres últimos años y el tamaño de los buques. La decisión del Ejecutivo español de establecer esta medida se tomó para evitar el cierre de la pesquería, que se produjo el 5 de noviembre del año pasado.

La flota sabrá los resultados de la evaluación del rabil que hace el comité científico en diciembre. La IOTC acordó en la última reunión del año pasado reducir las capturas un 15% y establecer medidas para preservar la especie y el sector espera que la información sea "favorable", ya que los marineros aseguran que hay "bastante recurso".