Ourense es la ciudad gallega con mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos, con casi el doble de carga que las que experimentan los habitantes de Ferrol. La urbe de As Burgas tiene unos ingresos de 746 euros por vecino sumando los impuestos directos e indirectos y las tasas, cifra que cae a 399 en el caso de la ciudad departamental. A Coruña ocupa el cuarto puesto del ranking (613 per cápita, 133 menos que Ourense). Tras Ourense, se coloca Santiago (676 euros), seguida de Pontevedra (616), A Coruña (613) y Lugo (585). Cierran la lista las citadas Vigo (550) y Ferrol (399).

Las cifras, correspondientes a 2016, último ejercicio liquidado de forma definitiva, evidencian la "importante heterogeneidad en el tratamiento fiscal y presupuestario" de los únicos siete concellos gallegos que superan los 50.000 habitantes. "Ni se paga lo mismo, ni el gasto por habitante es igual", establece el Observatorio Municipal realizado por la Red de Administración Local (Red Localis).

El estudio muestra que la entrada de fondos no financieros -excluidos los créditos- es mayor en Ourense, con 1.037 euros por habitante gracias, en gran medida, a su mayor presión fiscal, con unos gastos de 758 euros, por lo que el balance es de 279 de superávit. En la lista le sigue Santiago, con un saldo de 144 euros (1.008 de ingresos y 864 de gastos); Ferrol, con 130 (757 y 627); A Coruña, con 109 (954 y 845); Vigo, con 90 (804 y 714); Pontevedra, con 72 (847 y 775); y Lugo, con 23 (827 y 804).

Uno de los recibos más elevados que suelen afrontar los vecinos es el IBI. La media está situada en el 0,64%, pero es Vigo la ciudad que presenta la carga más alta con el 0,88%, seguida de Lugo (0,67), Pontevedra (0,64), Ferrol (0,63), A Coruña (0,6), Ourense (0,54) y Santiago (0,51), tomando en cuenta el IBI aplicado a los bienes urbanos. "Solo dos concellos (Lugo y Pontevedra) realizaron la actualización del IBI", explica el informe de la Red Localis, que destaca que Vigo mantiene la más antigua de las revisiones, al datar de 1990, la valoración que sirve para determinar el valor de los inmuebles sobre el que luego se aplica el impuesto.