El día a día de millones de familias se complicó con el estallido de la crisis. Despidos, negocios con pérdidas y al borde de la quiebra, facturas y cuotas de la hipoteca que se acumulan? Una larga lista de golpes financieros que desembocan en el bloqueo de las cuentas por no haber hecho frente a la hipoteca, un préstamo personal o los gastos de las tarjetas de crédito. Es la radiografía de muchos particulares y autónomos que se vieron ahogados por las deudas y que desde julio de 2015 pueden acogerse al llamado "beneficio de exoneración de pasivos" recogido en la Ley de Segunda Oportunidad y que les abrió la puerta a empezar de cero y salir de la lista de morosos. Se les brindó una opción que hasta entonces estaba reservada a empresas. En los dos últimos años, un total de 268 familias declaradas insolventes en Galicia empezaron la tramitación para cancelar las deudas contraídas con los bancos y/o sus proveedores. Este balance sitúa a la comunidad gallega en el sexto puesto del ranking nacional, por detrás de Cataluña (1.131 solicitudes), Madrid (847), Valencia (747), Andalucía (527) y País Vasco (323).

Desde junio de 2016, más de 5.000 particulares y autónomos en España iniciaron el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, según datos facilitados ayer por Repara tu Deuda, una compañía pionera en España en aplicar la ley concursal para la cancelación de impagos. El volumen de tramitaciones se queda muy por debajo de las 250.000 familias en todo el país que se estimaba que podrían acogerse a la ley antes de su entrada en vigor y también está muy lejos de las registradas en países del entorno europeo, como Francia (más de 180.000) o Alemania (cera de 110.000).

¿Quiénes pueden acogerse? Tanto particulares como pequeños negocios con deudas bancarias o con sus proveedores no superiores a los 5 millones y en aquellas situaciones en las que el retraso en el pago de sus facturas supera los tres meses. Las condiciones básicas para empezar de cero y sin deudas imposibles de finiquitar son: liquidar todos sus bienes previamente para hacer frente a los impagos, declarar la conclusión del concurso por insuficiencia de masa y haber actuado de buena fe. Es decir, que la situación de asfixia financiera no se haya cometido adrede y haya tenido la intención de saldar todas sus deudas, tratando de negociar con sus acreedores un plan de pago, y que tampoco haya cometido delito económico alguno.

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Familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, negocios embargados tras la crisis o cuentas bloqueadas por impagos en un local comercial? Es el perfil de los particulares y autónomos gallegos que iniciaron los trámites para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. "No es un trámite lento, pero desde que se inicia hasta que se dicta un auto pasan meses", detallan desde la compañía reparadora, que en la actualidad gestiona el 80% de los procesos de exoneración abiertos en todo el país. En el caso concreto de Galicia, ronda el 90%. La tasa de éxito en los procesos que gestionados hasta el momento por esta firma alcanza el 100%.

La normativa, que la gran mayoría de personas endeudadas desconocen, permite exonerar a particulares y pequeños autónomos del pago de deuda a acreedores privados como los bancos -no incluye las deudas con Hacienda y la Seguridad Social- siempre que se demuestre que se actuó "de buena fe" y que se intentó alcanzar un acuerdo extrajudicial con los acreedores privados. Lo que se puede conseguir con esta ley son dos cosas. Por un lado, un acuerdo de pago acorde con las posibilidades de cada persona. Y si esto falla o no hay recursos disponibles para afrontarlo, la cancelación total de las deudas. Es un proceso administrativo que se judicializa en la parte del concurso, pero el afectado no tiene que acudir a ningún juicio ni estar pendiente de sentencia alguna. O acuerdo o cancelación, siempre que se cumplan todo los requisitos y sean deudores de buena fe.