El próximo año se acabará la moratoria establecida en 2016 y que permitió dejar sin aplicar la obligación de someter a una evaluación específica, más amplia y cara que la actual inspección técnica, a todos los edificios de más de 50 años de antigüedad. La Xunta ultima la ley de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia, con la previsión de aprobarla a lo largo de este año, en la que se recoge la exigencia de esta nueva inspección que afectará en Galicia a más de 300.000 inmuebles de residencia colectiva. Su precio ronda de media los 1.000 euros, con una horquilla que se mueve entre los 300 y los 1.800 euros en función de las dimensiones del edificio y del número de viviendas.
El informe de evaluación, de cuya gestión y control se encargarán los concellos, deberá acreditar el estado de conservación general en que se encuentra el edificio, el nivel de cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad y el grado de eficiencia energética. Es, por tanto, de efecto más amplio que la revisión técnica a la que están sometidos actualmente los inmuebles de vivienda colectiva -que analiza básicamente la conservación estructural de la construcción para acreditar su seguridad- ubicados en los municipios de más 25.000 habitantes. Y además, en adelante será obligatoria para todos los edificios con una antigüedad superior al medio siglo, independientemente del tamaño del ayuntamientos.
Diez años de validez
La validez de este informe será de diez años, tras lo que superado este periodo, se tiene que volver a pasar. En el caso de que un edificio tenga en vigor la revisión técnica -algo ya obligatorio en los concellos más grandes-, los propietarios tendrán que incorporar, en todo caso, la evaluación sobre el grado de accesibilidad y el nivel de eficiencia energética. Pero en los municipios de menos de 25.000 habitantes, la inmensa mayoría de los gallegos, se tendrá que superar la nueva evaluación completa.
El informe de accesibilidad valora si en el inmueble se pueden realizar "ajustes razonables" para eliminar las barreras y acabar con la "discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización" del mismo.
Esta obligación tenían que comenzar a aplicarse en 2016, pero la norma estatal que regulaba esta evaluación fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte de Cataluña al entender que eso era competencia autonómica. El objetivo era que todos los edificios pasaran el informe antes de junio de este año, pero al anularse la ley estatal el proceso se paralizó desde entonces en comunidades autónomas como Galicia, que carecían de una norma propia al respecto, mientras que en otras como Valencia, Murcia o Castilla-La Mancha siguieron adelante dado que tenían normas autonómica específicas.
Tras dos años de moratoria, la Xunta retomará ahora la iniciativa con la aprobación de la ley de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas, cuya aprobación está prevista para este año. "La regulación será aplicable desde el momento de su aprobación", asegura la Consellería de Infraestruturas, que precisa que el desarrollo se fijará en un decreto "que será inmediatamente tramitado después de la aprobación de la ley".
En todo caso, el texto todavía no se ha presentado al Parlamento, por lo que está sujeto a posibles cambios, como para dar entrada a las alegaciones que se presentaron durante la fase de participación pública. En la norma estatal figuraba, por ejemplo, que la evaluación la tenían que pasar hasta las casas de dos plantas cuando en cada una viviera una familia. En la gallega esto no está.
El parque inmobiliario de Galicia es uno de los más viejos de España, según los datos de la Dirección General del Catastro. El 31% de sus edificaciones residenciales fueron construidas antes de 1969, el mismo porcentaje que muestra Aragón. Solo dos autonomías, Extremadura y Castilla y León, presentan un balance de mayor antigüedad -39% y 36%, respectivamente-. El número de inmuebles construidos en toda España se acerca a los 36 millones, de los que casi 5 se levantaron antes de 1960 y 3,4 millones entre 1960 y 1969. La década más activa para el urbanismo fue la primera de este siglo, con 9,3 millones de inmuebles construidos.
