09 de junio de 2018
09.06.2018

A vueltas con la plusvalía municipal

09.06.2018 | 01:28
A vueltas con la plusvalía municipal

El grupo parlamentario popular en el Parlamento gallego ha defendido mediante diferentes iniciativas los derechos de los contribuyentes gallegos que tuvieron que pagar de forma indebida la plusvalía municipal, por la venta de inmuebles urbanos a pérdida. Asistimos estos días a declaraciones en los medios de comunicación del presidente de la Fegamp y del alcalde de Vigo, que nos obligan a realizar una serie de puntualizaciones.

Cuando el presidente de la Fegamp, dice que el ayuntamiento tiene que liquidar la plusvalía, diga lo que diga el Constitucional, ignora que la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 declara la nulidad de pleno derecho, por lo que en las autoliquidaciones posteriores a la sentencia el ayuntamiento debería de suspender la recaudación si el contribuyente acredita la minusvalía; al menos hasta que se aprobara la reforma normativa que actualmente se tramita en el Congreso, y que determinará la no tributación de estos casos. Sin embargo, escudándose en el retraso de la reforma, los ayuntamientos siguen recaudando los casos de venta a pérdida, obligando a los ciudadanos a acudir a los tribunales. Esta suspensión de la recaudación la solicitábamos en nuestras iniciativas parlamentarias.

La sentencia no limita sus efectos en el tiempo, por lo que todo afectado que pruebe la existencia de una venta a pérdida puede solicitar la devolución de lo indebidamente cobrado siempre que no haya prescrito su derecho por el transcurso del plazo de cuatro años desde la autoliquidación. Por eso nuestro grupo parlamentario solicitó a los ayuntamientos que informen a los afectados, para que éstos reclamen y eviten así la pérdida de su derecho.

También le pedimos que habiliten procedimientos ágiles para la devolución y homogeneicen los medios de acreditar la minusvalía, evitando así la conflictividad y que los ciudadanos tengan que recurrir a los tribunales.

La devolución solo la puede hacer el ayuntamiento recaudador, por razones de elemental técnica tributaria, y no el Ministro de Hacienda, como dice el alcalde de Vigo.

Otra cosa es que el ayuntamiento tenga que ser compensado por el Estado si hace las devoluciones, en base a que es el Estado el que legisló la norma ahora declarada inconstitucional.

En definitiva, el afán recaudatorio no nos debe impedir a los políticos ser conscientes de que nuestra principal responsabilidad es velar por los derechos de nuestros ciudadanos.

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