La reforma del impuesto de plusvalía ha supuesto un duro varapalo para los miles de contribuyentes gallegos que pese a vender a pérdidas tendrán que pelear para recuperar la factura fiscal cobrada por su ayuntamiento. El proyecto de ley del PP no solo fija una fecha para poder acceder a la devolución automática -limitada a las operaciones posteriores al 15 de junio de 2017, día en que fue publicada en el BOE la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el gravamen cuando una operación en suelo urbano genera una minusvalía-, sino que además recoge un mecanismo de cálculo del incremento del valor del inmueble que obligará a más del 80% de los propietarios con transacciones a pérdidas durante el último año a recurrir a los tribunales -en algunos casos hasta dos veces-, según estimaciones del Colegio de Economistas de Galicia. Un costoso y farragoso trámite que, advierten los expertos, disuadirá a una gran parte de los afectados a llevar su reclamación a los juzgados.
Nada más conocerse el fallo del Constitucional, la sociedad de tasación Tinsa hizo un estudio sobre los contribuyentes que podrían reclamar la anulación del tributo, ya sea por ventas de inmuebles en suelo urbano, herencias, donaciones o permutas. Entonces, la entidad de tasadores inmobilarios cifraba en unos 550.000 los afectados en España, más de 18.000 en Galicia. Un balance que incluye las liquidaciones de los últimos cuatro ejercicios, ya que los anteriores a efectos fiscales han prescrito.
Salvo un vuelco en la reforma elevada al Congreso, apenas 3.700 gallegos podrán acogerse a la devolución automática del impuesto pese a vender a pérdidas durante el último año, ya que para reclamar por operaciones anteriores a junio de 2017 tendrán que ir a los tribunales e incluso con las transacciones posteriores a esa fecha la Agencia Tributaria tendrá la última palabra sobre la valoración del incremento o no del valor de inmueble en cuestión.
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Y es que para los contribuyentes que liquidaran el tributo en el último año con minusvalía, la modificación de la Ley de Haciendas Locales advierte de las dos fórmulas que hay para acreditar la inexistencia del aumento de valor. El contribuyente, según recoge el texto, ha de probar que no ha obtenido un incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno. Y para ello se tomarán los "efectivamente satisfechos que consten en los títulos que documenten la transmisión" o bien en su caso -añade- "los comprobados por la Administración tributaria en el caso de que sean mayores que aquellos". En términos prácticos, según aclaran desde la sociedad de tasación Tinsa, esto significa que "parte de los contribuyentes que han vendido a pérdida no van a recuperar automáticamente el importe de plusvalía".
En este grupo, advierten, se encontrarán los contribuyentes cuyo valor comprobado del inmueble por la Administración Tributaria [normalmente a fecha de la venta] supere el valor de adquisición en escrituras del inmueble.
"Esto supone darle la vuelta a la sentencia del Constitucional y crea inseguridad jurídica, que no se produce cuando ni cuando se tributa en Sucesiones ni en Transmisiones", advierte el decano del Colegio de Economistas de Pontevedra, Juan José Santamaría. Que se deje en manos de la Agencia Tributaria una nueva valoración sobre el incremento del valor, advierte, obligará a los afectados a ir a los tribunales y hacerlo hasta en dos ocasiones.
Y para recurrir al juzgado, solo compensará si el afectado reclama por una minusvalía superior a los 5.000 euros. En el caso de Galicia, el 90% de los pagos por este tributo oscilan entre los 2.500 y 7.500 euros.
"La valoración de la Administración tiene que estar razonada; con que el ciudadano presente un peritaje profesional debería ser suficiente", sentencia Santamaría. Y es que según apunta, cuando un contribuyente vende a pérdidas lo hace por su estado de necesidad o porque se trata de varios propietarios que quieren deshacerse del inmueble. El grueso de estas operaciones sin plusvalía se concentraron en 2011-2014, periodo en el que la crisis golpeó con más dureza el mercado inmobiliario haciendo caer en picado los precios de la vivienda.
Recaudación récord
La plusvalía es un tributo de carácter voluntario que cobran los ayuntamientos -en España lo aplican casi 3.700 y en Galicia, 115-, pero su regulación es estatal.
La misma semana en que se presentó la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno, echó a andar en el Congreso la reforma de este tributo que año tras año deja una recaudación récord en las arcas municipales. Solo en 2016, el último ejercicio con datos liquidados, los ayuntamientos gallegos ingresaron más de 47,6 millones de euros, por este impuesto, casi un 80% más que antes del estallido de la crisis pese al desplome de los precios y de las ventas.
La modificación a la baja del impuesto de plusvalía supondrá para los ayuntamientos una merma en sus ingresos, con una caída en la recaudación por este tributo del 20%, según estimaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). De mantenerse el ritmo de operaciones de 2016, los 115 ayuntamientos gallegos que aplican este tributo dejarán de ingresar, una vez aprobada la reforma, más de 9 millones al año. La incógnita sigue siendo qué administración va a asumir la devolución: el Estado o los ayuntamientos. Los concellos tienen claro que si Hacienda no costea las minusvalías, llevarán al Estado a los tribunales.
