Pese al cambio del Gobierno central las movilizaciones en el sector de Justicia continúan. Primero los funcionarios de la Administración de Xustiza en Galicia iniciaron el pasado febrero una huelga indefinida que se prolongó más de 100 días y en la que reclamaban una equiparación salarial con el resto de comunidades. A nivel nacional, en abril se unieron jueces y fiscales a las movilizaciones con cuatro paros parciales una vez a la semana y una jornada de huelga el pasado 22 de mayo para reivindicar también mejoras salariales y una despolitización de la Justicia. Ahora se suman a las reivindicaciones los Letrados de la Administración de Justicia -conocidos antes como secretarios judiciales- que ayer se concentraron en juzgados de toda España. En Galicia las concentraciones se celebraron en A Coruña y Santiago. La protesta, organizada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, se repetirá el próximo martes.

El colectivo reclama adecuar su sueldo a las nuevas funciones y responsabilidades asumidas desde la reforma procesal de 2009. En este sentido, señalan que desde entonces asumieron el 80% del trabajo que antes correspondía a jueces y magistrados. Entre esas nuevas competencias se incluyen, entre otras, la resolución de reclamaciones judiciales, el impulso de la modernización tecnológica, la dirección de oficinas judiciales además de tareas gubernativas de la organización judicial.

Los letrados también solicitan una nueva oficina judicial bajo su dirección, más avances tecnológicos y más personal con la convocatoria de al menos 250 nuevas plazas.

Las asociaciones convocantes señalan que aunque el nuevo Ejecutivo "merece un voto de confianza", consideran importante que la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, conozcan sus reivindicaciones, que son "inaplazables". Por eso, todas las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia pedirán una reunión con la responsable del departamento estatal para reconducir una situación bloqueada -aseguran- por su antecesor en el cargo, Rafael Catalá, de quien recuerdan que les cerró la puerta a negociar.