El Ministerio de Fomento mantiene las obras de la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid "en los mismos términos" que el anterior Ejecutivo de Rajoy, por lo que de producirse un retraso en el calendario que fija su puesta en marcha parcial y en fase de pruebas a finales de 2019 se debería a un "engaño y a la herencia recibida" del PP, cuya gestión se analizará con la auditoría anunciada por el ministro José Luis Ábalos. "No hay ninguna medida (por parte del nuevo Gobierno) que permita retrasar un solo segundo ninguna obra", sostuvo ayer el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, tras entrevistarse con el ministro.
El líder de los socialistas gallegos explicó que Fomento chequeará las obras del AVE para determinar cuál es "la herencia del PP y si hubo engaño en los plazos". También manifestó su satisfacción por el "compromiso" de Ábalos para "mantener todas las inversiones previstas" en materia de infraestructuras para Galicia, así como de "trabajar arreo" y "todo el esfuerzo" para que el AVE llegue "cuanto antes".
El cambio de Gobierno ha reavivado los cruces de acusaciones sobre la conclusión del AVE, retrasada a finales de 2019 en fase de pruebas por parte del Ejecutivo de Rajoy. Tras el cambio de inquilino en La Moncloa, Fomento anunció un chequeo a la herencia recibida. "Vamos a auditar los plazos del AVE porque algunos se dieron para quedar bien", expuso Ábalos. La Xunta replicó asegurando que no admitiría "ni un mes de retraso".
Esa situación fue analizada ayer entre el ministro y Gonzalo Caballero en un encuentro en el que participó también el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leicega. "El Gobierno está comprometido con mantener los plazos", sostuvo Caballero, quien apeló a la necesidad de desvelar si los indicios de "engaños y falacias" que sobre la llegada de la obra vertió el PP desde la Xunta y desde el Gobierno central se concretan. Leiceaga matizó que el plazo de pruebas del AVE dura de media un año, por lo que 2020 sería la fecha más temprana. De hecho, recordó que el presupuesto estatal de este año, elaborado por el PP y que gestionará el PSOE, indicaba que sería 2025 la fecha de entrada en funcionamiento de la obra al completo, incluyendo la variante de Ourense, postergada en el calendario fijado para 2019.
Caballero insistió en que la gestión de las inversiones se mantiene tal como estaba prevista, reservando para la obra 660 millones de euros en las cuentas de este ejercicio. "No existe ningún vacío de poder", aseguró en alusión al hipotético retraso que produciría de traspaso de poderes y el nombramiento de cargos intermedios en los ministerio. Es más, ahí lanzó un rejonazo a un PP y a un Alberto Núñez Feijóo "centrados en otras cosas", en alusión al proceso para elegir líder estatal.
AP-9
No fue la única cuestión sobre la mesa en el encuentro con Ábalos, pues también se analizó la situación de la AP-9, tanto en lo relativo a la cesión de la titularidad, vetada por el Gobierno de Rajoy en varias ocasiones, como a la supresión de peajes que el Gobierno aplicará a medida que venzan las concesiones. Sobre este punto, Caballero culpó a Rajoy y Feijóo de la ampliación hasta 2048 -el máximo permitido- de la concesión de la AP-9, cuya primera expansión de contrato la firmó el PSOE. Sobre la cesión, consideró que el ministro está "muy abierto" a esa opción. Leiceaga recordó que se tramitará un ley para ello, aspecto al margen del poder ejecutivo.
Caballero incidió en la necesidad de aclarar cuestiones como la inauguración del puente de Rande ampliado, que seis meses después sigue en obras. "El sector público tendrá que mantener la vigilancia sobre la concesionaria", declaró.
Tras este encuentro, Caballero y Leiceaga se entrevistaron con el comisario de Agricultura, Phil Hogan, en la sede de la Comisión Europea en Madrid. Caballero le trasladó la necesidad de garantizar la PAC como instrumento de impulso al medio rural y evitar que los cambios para dar mayor libertad en la distribución de los fondos a los Estados se traduzcan en una "renacionalización" de la agricultura, dando prioridad a algunos sectores que limiten la competencia entre los socios miembro.
