La Unión Europea se ha convertido en un escenario clave para esclarecer el siniestro ferroviario de Angrois en 2013 en el que murieron 80 personas, aunque con consecuencias prácticas "ambiguas" sobre la capacidad para llegar al fondo del asunto. La Plataforma de Afectados por el accidente se reunió hoy en Bruselas con la comisaria de Transportes, Violeta Bluc, que les anunció que mantendrá una cita el 10 de julio con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al que "presionará" para que el Gobierno español cumpla la exigencia comunitaria de abrir una "investigación independiente" sobre el suceso.

La cita tuvo lugar esta mañana y las víctimas estuvieron acompañadas de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y de la eurodiputada nacionalista Ana Miranda. El encuentro sirvió para constatar el límite de la acción de la UE, que considera probado que España no evaluó el riesgo en la curva del accidente en un informe extraviado durante meses y que llegó al juzgado compostelano que investiga el caso la semana pasada. En la curva de A Grandeira el máximo sistema de seguridad (ERTMS) estaba desconectado y el tren descarriló el 24 de julio de 2013 por exceso de velocidad.

En dos o tres semanas, se conocerá otro informe de la Comisión Europea sobre si España cumple todos los requisitos en materia de seguridad en el sistema ferroviario, no solo en el trazado del siniestro producido hace casi un lustro. En función del resultado, la Comisión decidirá si multa a España, como hizo hace años por incumplir la normativa de saneamiento y no frenar la contaminación de las rías.

"La comisaria está tan frustrada como nosotros porque no entiende que no se investigue independientemente [el accidente]", declaró Arturo Domínguez, uno de los portavoces de las víctimas, que reconoció que Bluc también les explicó que "no puede obligar a un Estado miembro" a que acometa esa indagación al margen del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Fomento.

Domínguez también lamentó que no se produjesen dimisiones tras el accidente. "Eso duele mucho", lamentó. "Era una tragedia evitable", añadió.

Como hicieron por carta al nuevo ministro, las víctimas exigieron el cese de los cargos de Renfe y Adif imputados en la causa que se mantienen en sus puestos. "Es una vergüenza", añadió Javier García, otro de los portavoces de las víctimas, citando expresamente al "director general de Seguridad de Renfe, que fue quien solicitó la desconexión del ERTMS".

Por su parte, Ana Pontón anunció que acompañarán a las víctimas "hasta el final" y lamentó que la burocracia se convierta en un impedimento para conocer la verdad. "Este es un proceso que impide cerrar heridas", lamentó antes de criticar que las víctimas tengan que ser quienes busquen "la verdad" y que "sea casi una misión imposible conocer lo que pasó". "Como no se quieren asumir responsabilidades políticas, se quiere proteger a los responsables de decisiones que pusieron en riesgo y llevaron a este accidente", cerró