Galicia apenas representa el 6% de la población de toda España, sin embargo su censo exterior ya supone más del 22% de la diáspora. Más de dos millones de españoles afincados en el extranjero, de los que casi 453.000 proceden de la comunidad gallega, según datos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Pese a tratarse de una cifra récord, la participación de la emigración tanto en las elecciones autonómicas como en las generales -en las municipales no tiene derecho de sufragio- ha caído en picado tras la reforma electoral de 2010 por la que se impuso el voto rogado a la diáspora. Es decir, la papeletas no llegan a su domicilio salvo que lo soliciten. ¿La consecuencia? Apenas llega al 5% su participación en cada cita con las urnas en España frente a más de un 30% que lo hacía antes de que fuesen vetados en las locales y obligados a pedir la documentación electoral para emitir su sufragio en el resto de comicios. Ante esta situación y tras más de tres años hibernando en el Congreso, la Cámara baja se propuso retomar en marzo del año pasado la reforma electoral para eliminar el sufragio rogado, pero apenas avanzó en las conversaciones pese a que el objetivo era tenerla lista a finales de 2017. El Gobierno de Pedro Sánchez recoge ahora el guante de los colectivos en la emigración para acelerar la modificación del voto exterior.

Bastaron tres citas con las urnas en menos de un año para que PP y PSOE reconociesen ya en 2012 el fracaso de la reforma del voto exterior pactada por ambos partidos en Madrid hacía tan solo dos años. Ya entonces se plantearon una nueva modificación de la ley para tratar de incentivar la participación electoral de los residentes en el extranjero.

La recién nombrada secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, apela consenso de los partidos políticos para eliminar el voto rogado. Durante el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que se cerró ayer en Madrid, Rumí recordó que el voto rogado se puso en marcha para luchar contra el fraude. "Nosotros tenemos claro que hay que luchar contra el fraude pero no a costa de impedir y dificultar que los ciudadanos españoles en el exterior no puedan votar y los datos están ahí", lamentó, al tiempo que recordó que "elección tras elección van disminuyendo los españoles que votan". "El voto rogado no ha eliminado ningún problema, ha dificultado el derecho al voto", sentenció la secretaria de Estado de Migraciones.

Desde el Parlamento gallego, con el aval del PP y toda la oposición, elevaron al Congreso una proposición de ley para reformar la ley electoral y evitar que los emigrantes tengan que pedir con antelación el ejercicio del sufragio. En marzo de 2014 fue tomada en consideración la propuesta gallega, pero desde entonces no se ha producido avance alguno en la reforma.

Los datos hablan por sí solos. En Galicia ya son casi 453.000 los emigrantes con derecho a voto. Son ya un 43% más que los apenas 317.000 contabilizados hace una década y representan casi una cuarta parte de la diáspora española, que supera los dos millones. Por provincias, A Coruña concentra el grueso de los residentes gallegos en el exterior (156.640, el 34,5% de toda la comunidad), seguida de Pontevedra (130.702), Ourense (100.004) y, finalmente, Lugo (65.642).

Durante los últimos años, la tendencia en la Unión Europea fue abrir la participación en las municipales a los inmigrantes y dejar fuera a los emigrantes. Hasta hace ocho años, España era junto con Alemania y Noruega de los pocos países que permitían a la diáspora votar en los comicios locales. Con el pacto entre PP, PSOE y nacionalistas vascos y catalanes, la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) no permite a los españoles residentes en el exterior que elijan a los alcaldes de sus concellos de origen y los que quieran votar en autonómicas y generales deben pedir las papeletas. Ante esta reforma, la emigración se movilizó para tratar de eliminar el voto rogado. El entonces presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Francisco Ruiz, advertía de que esta reforma se iba a "cargar" el sistema de voto de la emigración. "Implantar el voto rogado supondrá anular el sufragio exterior", sentenciaba ya en 2010 al tiempo que auguraba la caída en picado de la participación electoral de la diáspora.