En un auto sellado el 22 de junio, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, considera que Vendex, una de las empresas investigadas en la macrocausa de la Operación Pokémon, habría obtenido "beneficios presuntamente ilícitos" que suman más de 295 millones de euros.
En este auto, al que ha tenido acceso Europa Press y que da respuesta a un recurso "de reforma", la jueza alude a los informes de Vigilancia Aduanera para indicar que los "beneficios presuntamente ilícitos" de esta compañía se situarían en los 295.067.927,17 millones de euros.
La jueza mantiene la existencia de "determinadas prácticas empresariales supuestamente delictivas llevadas a cabo por los administradores y delegados" de este grupo empresarial, que incluye entre otras compañías a Doal, PAU y Sermasa, y que tiene su sede en Madrid.
Así, resume que "la actividad investigada se habría cometido presuntamente, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, donde ab initio se centró la investigación, como en otras comunidades autónomas, tales como Cataluña y Mallorca".
"Asimismo, al menos indiciariamente, se desprende que los distintos delegados empresariales del Grupo Vendex y las distintas empresas que las conforman vendrían actuando en connivencia con distintas autoridades y funcionarios públicos con la finalidad de conseguir la adjudicación de contratos de servicios públicos, fundamentalmente con ayuntamientos", añade el auto.
En esta línea, sostiene que, "en todo momento, los delegados seguirían las instrucciones del entonces administrador, Gervasio R., quien habría urdido un plan organizado y preconcebido, destinado a obtener de forma injusta e ilícita contratos administrativos, con los consiguientes perjuicios para las administraciones públicas y para los mismos ciudadanos".
El escrito del juzgado, desgrana también que el "método utilizado" en distintos ayuntamientos y otros organismos públicos es el "mismo", describiendo así "acercamiento y aproximación a determinadas autoridades y funcionarios hasta poder captarlos para los intereses del grupo empresarial, consecución de información privilegiada y elaboración de pliegos 'a la carta', todo ello dirigido a la obtención de contratos".
En el escrito del juzgado, de ocho folios, se pone de relieve que "no puede dudarse de que el grupo Vendex ha venido actuando como una verdadera organización criminal, además funcionar de forma estructurada y perfectamente jerarquizada".
En consecuencia, la jueza Pilar de Lara conviene que "entendiendo que los hechos han de investigarse conjuntamente y llegado el momento, enjuiciarse de la misma forma, solo existen dos soluciones; o bien la atribución de la competencia a este juzgado de instrucción o bien a los juzgados centrales de Instrucción".
