El boom de los pisos turísticos ha llevado a las distintas administraciones a establecer mecanismos de control sobre este negocio al alza y que genera una rentabilidad hasta tres veces superior a la del alquiler tradicional. Por un lado, la Xunta aprobó un decreto que regula este tipo de arrendamientos -en vigor desde mayo del año pasado- y por otro, la Agencia Tributaria impulsó el rastreo en internet de viviendas vacacionales para destapar alquileres en negro e incluso, por primera vez, requerirá este verano a las plataformas online como Airbnb, HomeAway, Windu o Niumba que identifiquen a los propietarios de las viviendas turísticas y le informen de los ingresos que deja cada reserva. Pero Hacienda no solo pone en el punto de mira a los dueños, sino que también advierte de las obligaciones fiscales para el cliente de este tipo de alojamientos.
En una nota informativa sobre los impuestos que se aplican a los alquileres turísticos en el arranque de la campaña de verano, la Agencia Tributaria recuerda que el propietario debe tributar en el IRPF -tanto el tiempo que la vivienda está ocupada como cuando está vacía, en este caso como renta inmobiliaria- pero también avisan al inquilino de la carga fiscal que conlleva arrendar un piso turístico. El huésped debe abonar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que varía según el coste del alquiler y la cuota que tenga establecida cada comunidad autónoma. ¿El motivo? Como este tipo de arrendamientos no están sujetos al IVA -este solo afecta a servicios propios de la industria hotelera-, sí lo están al ITP, bajo el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, el mismo que se aplica al alquiler durante largos periodos de tiempo y al que tiene que hacer frente el inquilino o usuario en función de la tarifa establecida por cada Ejecutivo autonómico, ya que se trata de un tributo cedido a las comunidades.
Gestión y coste
Expertos consultados por este periódico advierten de que el desconocimiento es absoluto sobre este tributo por parte de los usuarios. Desde el Colegio de Economistas de Galicia apuntan además que el arrendatario debe pagar una "ridiculez" por pasar unos días o semanas en un piso turístico, según la escala de tarifas que recoge la nota informativa de la Agencia Tributaria. Y que fija unas cuotas máximas de 30,77 euros para los casos en los que la comunidad autónoma no hubiese aprobado tarifa alguna. "Por su escasísima cuantía, se trata de un impuesto cuya gestión tiene un mayor coste que recaudación de puede reportar, en el caso de la comunidad gallega a la Axencia Tributaria de Galicia", detalla Juan José Santamaría, decano del Colegio de Economistas de Pontevedra.
En la actualidad ya son más de 5.700 los pisos turísticos dados de alta en Galicia para ejercer la actividad este verano de manera reglada, con casi 30.200 plazas ofertadas -más de 11.000 en la provincia de A Coruña-, según el registro oficial de la Administración autonómica. Por primera vez este verano, los portales en internet que anuncian pisos para turistas están obligados a remitir a la Agencia Tributaria información sobre los propietarios y también sobre los clientes, así como presentar informes periódicos sobre su actividad con el objetivo de combatir la economía sumergida en el sector. La primera entrega de información fiscal por parte de los portales sobre las reservas de este verano -julio, agosto y septiembre- finaliza el 31 de octubre.
Los empresarios hoteleros en la comunidad calculan que el 60% de los alojamientos turísticos que se anuncian en plataformas online son clandestinos y cifran en más de 15 millones anuales los ingresos en negro que generan estos arrendamientos vacacionales en Galicia.
