07 de julio de 2018
07.07.2018

El PP plantea una revisión a fondo del modelo de extinción tras la ola de fuegos de octubre

El grupo quiere analizar el número de efectivos, el modelo de coordinación, la colaboración municipal o la integración en el 112 - Se descarta la trama incendiaria

07.07.2018 | 01:22
Imagen de archivo de varios focos en un incendio en Ourense.

El PP ha propuesto una revisión a fondo del servicio de prevención y extinción de incendios de la Xunta que afectaría al número de efectivos, su profesionalización, el papel de las brigadas municipales, la integración en el 112 o la creación de un nuevo ente público instrumental, dependiente del Gobierno gallego, que coordinaría la tareas de prevención de todas las administraciones en la comunidad y se encargaría de vigilar los incumplimientos recogidos en la normativa de incendios y de política forestal. Este planteamiento figura en la propuesta de dictamen de la comisión parlamentaria sobre política forestal y prevención de incendios que se creó tras la ola de fuegos del pasado mes de octubre que asoló casi 50.000 hectáreas de monte y acabó con la vida de cuatro personas.

El documento será sometido ahora a la consideración del resto de grupos parlamentarios, pero el PP tiene mayoría absoluta como para aprobarlo sin necesidad de apoyo adicional. En total, los populares plantean 107 recomendaciones.

Una de ellas propone crear un grupo de expertos para que someta a un intenso examen el actual servicio de lucha contra el fuego (Spfcif) y presente sus conclusiones antes de julio de 2019 para que el Parlamento la recoja. ¿Y qué se revisará? Pues el PP señala una decena de puntos, como la conveniencia de mantener la actual configuración y la participación de las empresas públicas Tragsa y Seaga; mecanismos para reforzar la profesionalización; diseñar el papel que deben ejercer las brigadas municipales; la integración del servicio en la central de emergencias 112 o la asunción de las obligaciones que en el ámbito de las emergencias tienen concellos, diputaciones y Xunta.

También se quiere analizar las dimensiones del Spdcif, el número de efectivos y su correcta adecuación en función de los periodos de riesgo de incendio a lo largo del año y contemplar nuevos escenarios de actuación, derivados de la situación del pasado mes de octubre, como la nueva figura de los grandes fuegos y la circunstancia cada vez más frecuente de afección al entorno urbano.

Las recomendaciones fueron presentadas ayer por el diputado del PP José González, que hizo un resumen de las principales propuestas, si bien no entregó el documento a la espera de conocer el pronunciamiento de los demás grupos parlamentarios.

El dictamen aboga también por crear un nuevo ente instrumental específico, dependiente de la Xunta, para asumir las competencias de prevención de incendios y vigilancia de incumplimientos legales. Entre sus funciones estarían las de "dirigir y coordinar" a todas las administraciones públicas con responsabilidades en la prevención, evaluar la distribución de competencias y proponer cambios, asesorar a los concellos, planificar las intervenciones y dirigir, también de nueva creación, equipos de vigilancia que velarían por el cumplimiento de las medidas de prevención de incendios recogidas en la legislación, que ahora básicamente depende de los ayuntamientos. Además, se impulsará y exigirá, a través de este ente instrumental, que los ayuntamientos elaboren planes locales de lucha contra el fuego, que deberían estar listos en cinco años. Otra novedad sería la constitución de equipos forestales de investigación para ampliar y especializar las tareas que ahora realizan las brigadas de investigación de incendios forestales. Sería un "cuerpo especializado" dedicado a las pesquisas en el punto de origen del fuego y al análisis de las actividad en los montes quemados. La recomendación es que haya un equipo de esos por cada uno de los 19 distritos forestales de la comunidad.

En el borrador se concluye que "no se puede acreditar una trama organizada de incendiarios" y que tampoco se puede, con rigor jurídico, llamar "terroristas" a los que prenden fuego, aunque sea de forma sistemática.

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