Entre sus propuestas, el Partido Popular también ha incorporado un paquete de incentivos fiscales para impulsar la actividad forestal. El punto de partida es el encargo a la Consellería do Medio Rural de analizar el régimen fiscal de cinco países para ver cómo bonifican la inversión forestal. Pero al margen del resultado de este informe, el dictamen demanda una reforma del Impuesto de Sociedades para reducir el tipo impositivo aplicable a las comunidades de montes vecinales en mano común y para bonificar la figura del inversor forestal.

También se reclama una rebaja de este impuesto para las agrupaciones de propietarios que explotan conjuntamente un monte (Sofor), con el objeto de promover este tipo de gestión.

En cuando al IBI, de competencia municipal, se plantea una reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para la exención total de este tributo en aquellos montes en los que se practique una gestión forestal sostenible y cuyos dueños tengan la condición de silvicultores activos, figura de nueva implantación con la que se quiere dar un reconocimiento jurídico a los profesionales, sociedades o agrupaciones que "manejan su propiedad con criterios sostenibles".

En cuanto al dispositivo para mantener limpias las franjas de seguridad alrededor de los núcleos de población, el PP propone aplicar "de forma prioritaria" los mecanismos legales que permitan identificar al dueño de las propiedades o movilizarlas para que se puedan cultivar con frutales, viñedos o pastos.

Además, se propone habilitar la opción de que los dueños deleguen en los ayuntamientos el desbroce de esas fincas "por un precio fijo y equivalente al de una roza básica".