En el cajón del Gobierno de Rajoy quedaron pendientes reformas que ahora tendrá que sacar adelante el Ejecutivo de Sánchez. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, trasladó ayer la lista de demandas más urgentes de las administraciones locales a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet: la reforma del impuesto de plusvalía, la reinversión del superávit municipal, la jubilación anticipada de los policías locales para 2019 o la recuperación de las competencias en educación y servicios sociales por parte de los ayuntamientos, entre otras.

Un año después de que el Tribunal Constitucional anulase el impuesto de plusvalía en las operaciones a pérdidas (ventas de inmuebles en suelo urbano, herencias, donaciones o permutas), los alcaldes siguen a la espera de los baremos que tendrán que aplicar en cada liquidación del tributo. Un gravamen que aplican los ayuntamientos aunque su regulación depende del Estado y que en el caso de Galicia lo cobran un total de 115 concellos. En vísperas de la moción de censura del PSOE, la reforma del impuesto de plusvalía municipal echó a andar en el Congreso con un proyecto de ley del PP, en el que se limita la devolución a los afectados por ventas o herencias posteriores a junio de 2017, fecha en que se publicó la sentencia del Alto Tribunal sobre el gravamen en transacciones sin ganancia alguna para el contribuyente.

Ante el vacío legal y la inseguridad jurídica que ocasiona para los afectados y los propios ayuntamientos la falta de una normativa adaptada al fallo del Constitucional, Caballero urgió ayer a la ministra de Política Territorial que acelere la reforma del impuesto de plusvalía para las operaciones a pérdidas que ya había pactado la FEMP con el anterior Ministerio de Hacienda. Según estimaciones del propio alcalde de Vigo, la modificación del tributo acarreará una rebaja en torno al 20% para los contribuyentes ya que los coeficientes para gravar las ventas serán más bajos.

"Queremos que tramiten la proposición de ley pactada por todos los grupos de la FEMP y acordada con el Gobierno", insistió ayer Caballero en alusión al acuerdo del órgano de poder local con el exministro Cristóbal Montoro.

El regidor olívico calificó de "positiva" para los intereses locales la reunión con Batet porque el nuevo Gobierno socialista -dijo- tiene "sensibilidad" hacia los problemas municipales. El encuentro de ayer en Madrid precede al que mantendrá en fechas próximas con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que va a recibir a la FEMP dentro de la ronda de contactos con los presidentes autonómicos.

Sobre la reinversión del superávit, Caballero destacó tener el respaldo del Gobierno para reformar la legislación y permitir a las entidades locales disponer de sus ahorros, desde la responsabilidad -apuntó- de no generar inversiones que no puedan asumir. "Llevamos seis años de superávit, contribuyendo a rellenar los incumplimiento de otras administraciones", cuestionó el presidente de la FEMP.

También planteó a la ministra que el Gobierno devuelva a las entidades locales las competencias en educación y servicios sociales que perdieron con la reforma local de Montoro, servicios ahora en manos de las comunidades. Demandó también una mayor tasa de reposición de personal más alta para poder contratar plazas en los servicios que tengan más necesidades así como que el Ejecutivo apruebe la regulación que permita la jubilación anticipada de los policías locales y que esté en vigor el próximo 1 de enero, fecha que el Gobierno "está en condiciones de cumplir".