Tras décadas llenando los ríos gallegos de aprovechamientos hidráulicos y saltos eléctricos, Galicia parece decidida a poner límites a las barreras que se suceden en los cauces fluviales. La Xunta ha adoptado la política de frenar la autorización de nuevas concesiones destinadas a la producción de electricidad, pero la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), dependiente del Gobierno central y con competencias sobre la mitad del territorio de la comunidad -toda la provincia de Ourense y el 50% de las de Pontevedra y Lugo- va un paso más allá y ha emprendido, por primera vez, una estrategia para retirar de los ríos presas hidroeléctricas que han extinguido su periodo de concesión. El presidente del organismo hidrográfico, Francisco Marín, ha confirmado que la Confederación ya está trabajando con los proyectos de demolición de "cinco o seis" saltos. "En el pasado se derribó alguno de forma puntual, pero ahora es la primera vez que forma parte de un estrategia", asegura.

Actualmente, entre el Miño, el Sil, el Eo y sus afluentes suman en total más de 3.000 barreras artificiales ocupando sus cauces. Hay embalses de producción eléctrica y para abastecimiento, pero también captaciones, azudes y desvíos que interrumpen el fluir del agua. Las infraestructuras destinadas a la producción de electricidad son unas 75 y, por sus características, son las de mayor envergadura. Esto hace que su demolición "no sea tarea fácil", en palabras de Francisco Marín. Los proyectos de derribo son complejos, al igual que su tramitación, pues deben superar las declaraciones de impacto ambiental y las alegaciones públicas. Por eso, es una estrategia a largo plazo. Las demoliciones no se resuelven en un par de años.

Además, el proceso es muy selectivo. Las presas condenadas a su desaparición deben primero agotar su periodo de concesión y además no resultar rentable su explotación con las nuevas exigencias medioambientales.

De hecho, el pasado año la Confederación del Miño-Sil inició los expedientes de extinción de trece aprovechamientos hidroeléctricos, que se suman a otros tres incoados el ejercicio anterior. Estos trámites se emprenden, generalmente, por dos razones: porque se ha agotado el periodo de concesión o porque los titulares de la autorización no hacen uso de sus derechos por los motivos que sea.

En esta situación se han identificado 17 aprovechamientos hidroeléctricos en el territorio gallego bajo la competencia del Gobierno central. Entonces los técnicos de la CHMS inician los trámites para revertir la concesión al Estado, evaluando si las instalaciones resultan rentables con las nuevas condiciones, teniendo en cuenta para ello el mantenimiento de los caudales ecológicos ahora más exigentes -y que limitan la producción eléctrica-, las obras necesarias para reducir el impacto medioambiental de las barreras y permitir el paso de los peces, o la inversión requerida para renovar los equipos y la infraestructura.

Si las presas no superan un determinado umbral de rentabilidad, entonces, como explica Francisco Marín, "el instructor del expediente determina su demolición". En esta fase se encuentran "cinco o seis" aprovechamientos, si bien el presidente de la Confederación prefiere no identificarlas por el momento.

Si por el contrario, a pesar de las restricciones el salto eléctrico resulta rentable, las instalaciones se revierten al Estado y se sacan de nuevo a concurso. Pero con algunas diferencias sustanciales con respecto al pasado. Lo primero, es que el plazo de explotación se reduce a un máximo de 20 años y, segundo, que las instalaciones se alquilan, por lo que el receptor además de pagar un canon por la producción de electricidad, como sucede con todas las concesiones en vigor, suma una tasa adicional por el alquiler del aprovechamiento.

Este procedimiento también es novedoso y se está comenzando a aplicar en Galicia. "Antes no es que no hubiera control, pero ahora hay más", asegura Marín.

En esta estrategia de nuevo cuño figura el eliminar todas las barreras que se pueda que se han levantado en los ríos, pero no es un proceso fácil, como advierte el responsable de la CHMS. Además de todos los trámites ambientales y los costes de las operaciones de derribo figura la oposición ciudadana ante determinadas infraestructuras.

Sin dar nombres, alude a un azud sin utilizar para derivar el agua a un molino que los vecinos no quieren que se derribe ahora alegando que ahí era donde se bañaba el pueblo y que la construcción ya está integrada en el entorno. "Entonces si con ello generamos un problema, quizás es mejor dejarlo como está", indica Francisco Marín.