La Asociación Forestal de Galicia (AFG) ya había advertido de las deficiencias del Catastro. En 2016 calculó que el 80% de las parcelas que componen la superficie forestal de Galicia estaban mal identificadas. La razón es que la actualización catastral del monte prácticamente no existe.
La anotación de las propiedades y sus deslindes se han realizado en base a fotografías aéreas que carecen de exactitud porque desde el cielo, debido precisamente a los árboles, resulta tremendamente complejo no solo determinar los límites de cada finca y sus dimensiones, sino también anotarlas con sus respectivas coordenadas geográficas.
El coste de la actualización sería inmenso para el Catastro y la tramitación administrativa para corregir los errores, descomunal.
Las comunidades de montes y los propietarios particulares se encuentran con este problema a diario. No solo para solicitar subvenciones pública destinadas a la explotación forestal, dado que se tienen que georreferenciar las propiedades ante la Administración, sino en todas las operaciones de compraventa, herencias, transmisiones o permutas.
A que el Catastro está muy lejos de resultar fiable se une que en el rural gallego los documentos de propiedad del monte son muy precarios, sin apenas escrituras públicas y que todo se basa, a la hora de hacer los acuerdos, en el recuerdo visual de los deslindes y las particiones de herencias, lo que contribuye a prolongar la falta de fiabilidad de los registros catastrales.
Las modificaciones para solventar los errores no es una tarea tampoco fácil. Porque si se tiene una escritura de propiedad que no coincide con la referencia catastral -que es la que verdaderamente tiene valor-, para intentar corregir el fallo, el interesado debe presentar un documento de consentimiento firmado por todos los dueños afectados por esa reorganización de las parcelas destinada a adecuar la realidad física a los registros del Catastro.
