Audasa se siente mal parada con la nueva compensación del Gobierno central a la gratuidad de los peajes A Coruña-A Barcala y Vigo- O Morrazo, dos de los trayectos con más tráfico de la AP-9. La concesionaria de la autopista que une Galicia de norte a sur y que el año pasado se hizo con unos beneficios de 44 millones ha decidido llevar al Tribunal Supremo el recorte a los pagos que percibe por los peajes en la sombra en ambos tramos, por los que los conductores dejaron de pagar en 2006. La rebaja se aprobó hace justo un año tras considerar Estado y Xunta que la cantidad pagada anualmente a la concesionaria suponía "cierto enriquecimiento injusto" para Audasa y era "perjudicial" para las arcas públicas ya que la compensación por esos dos tramos gratuitos era superior al porcentaje de ingresos en toda la AP-9, por lo que la factura se redujo prácticamente a la mitad.

El año pasado, entre Gobierno central y autonómico consignaron en sus presupuestos más de 13 millones para compensar a la concesionaria de la autopista del Atlántico, pero con los cambios en el real decreto aprobados hace un año se introdujeron nuevos criterios de valoración en los pagos, que se limitarán a unos 7 millones anuales.

Audasa se propone volver al sistema de cálculo anterior, basado en un mero cómputo de los vehículos que circulan entre A Coruña y A Barcala y entre Vigo y O Morrazo y su multiplicación por el precio del peaje que había en 2005, el último año con peaje, más sus actualizaciones anuales según la subida o bajada de tráfico en el conjunto de la AP-9.

Pero desde hace un año, según establece el real decreto 803/2017, las cantidades a desembolsar por el Estado -hace casi un año el Ministerio de Fomento anunció que asumiría en solitario el coste de la liberalización, hasta entonces compartido al 50% entre Gobierno central y Xunta- se fijarán según un coeficiente determinado por la variación de ingresos en el resto de la autopista. La concesionaria calcula que la modificación del peaje en sombra supone unos menores ingresos sobre el importe anterior de en torno al 50%.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) dio cuenta ayer del recurso contencioso administrativo interpuesto por Audasa ante el Supremo contra la modificación del convenio suscrito entre Estado y Xunta en mayo de 2006. En la modificación del convenio, la Administración apunta que en el periodo transcurrido desde la entrada en vigor del mencionado real decreto, "se ha puesto de manifiesto una diferente evolución de los ingresos por el peaje de los tramos en los que se implantó la supresión del cobro respecto a los del resto de la autopista".

Así, mantiene que "los importes abonados por el Estado y la Xunta en concepto de compensación difieren sustancialmente de los que hubiera percibido la concesionaria de no haberse adoptado la citada medida"; una situación que considera "perjudicial para las administraciones implicadas, y viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria".

Por ello, estimó necesario modificar el procedimiento de compensación contemplado inicialmente. Además, a fin de reducir el coste de los intereses que implica el pago anual de la compensación, se incluyó "la posibilidad de efectuar los pagos trimestralmente, de tal manera que no se generen intereses de demora si se abonan las cantidades en el plazo acordado".