El 9 de marzo estaba marcado en rojo en el calendario de las administraciones públicas. Ese día entró en vigor la nueva Ley de Contratos, que, entre otras cuestiones, suprime la posibilidad de hacer contratos sin publicidad.

El endurecimiento de los requisitos para contratar ha provocado que la licitación de obra pública en Galicia se disparé un 134% en los primeros seis meses del año, según los datos de la Federación Gallega de la Construcción.

Pero en este periodo hubo dos velocidades diferentes a la hora de sacar nuevos contratos por parte de las administraciones públicas: una vertiginosa entre enero y marzo y otra más lenta entre abril y junio.

En la primera, la licitación se disparó hasta los 271 millones, un 71% más que en el mismo periodo del año pasado (78 millones). En la segunda, creció un 31% desde los 94 millones hasta los 137. En total, Xunta, Estado, diputaciones, ayuntamientos y universidades sacaron a concurso en la primera mitad del año 408,6 millones en contratos públicos. "Habrá que ver qué ocurre en el segundo semestre para poder evaluar los niveles de inversión del año 2018", asegura la Federación Gallega de la Construcción.

A partir del mes de marzo se produjo una ralentización de las licitaciones. Si en el primer trimestre el volumen licitado fue el 66,5% del total (271 millones), en el segundo cayó al 33,5% (137 millones). En este último periodo solo destacó el caso de los concellos que experimentaron un incremento de su inversión en el mes de junio.

Haz click para ampliar el gráfico

A pesar de que las cifras son positivas, si se analiza la evolución de la licitación, esta se encuentra en niveles muy similares a la de los últimos cinco años, "que no hace sino confirmar que el sector todavía se encuentra en niveles mínimos de inversión", apunta la patronal gallega de la construcción. Si en el primer semestre de este año el montante total ascendió a 408 millones, en 2016 fueron 620; en 2015, 574; y en 2014, 571.

No todo el incremento hay que achacarlo a la nueva Ley de Contratos. La mejora de la economía también ha provocado que las distintas administraciones recauden más y, por lo tanto, dispongan de más dinero para invertir. Además, el próximo año hay elecciones locales.

Tanto los ayuntamientos como la Xunta son los que tiraron de la inversión en obra pública en Galicia en la primera mitad de 2018. Seis de cada diez euros salieron de las arcas de estas instituciones. Los primeros aportaron 138,3 millones (el 33% del total) y los segundos, 132,8 (el 32%). Los ayuntamientos incrementaron la partida con respecto al mismo periodo del año pasado un 235% y el Ejecutivo gallego, un 89%.

Las principales licitaciones de la Xunta fueron 10,3 millones para la terminal de autobuses de Santiago; 7,5 para la elaboración del proyecto y ejecución de la obra de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Rianxo, y 7,2 para la construcción de los pantalanes para las embarcaciones de acuicultura en el puerto de Cabo de Cruz en Boiro.

En caso del Estado, que es la tercera administración que más invirtió en el primer semestre en la comunidad, el incremento fue del 300% hasta los 90 millones. Buena parte de culpa la tuvieron los 21 millones que licitó Adif para la implantación del ancho estándar en el trayecto ferroviario Taboadela-Ourense o los 16 millones para el viaducto del río Ulla. Sin embargo, la mayor licitación estatal fueron los 29,4 millones para la ampliación del muelle de Langosteira.