Hubo una época en la que un tercio de la recaudación total de los concellos procedía del sector del ladrillo. Ahora, pese a que se atisba una ligera recuperación, esa partida es residual. Una de las variables que sirven para medir ese impacto son los ingresos que los ayuntamientos reciben por la venta de suelo, otras propiedades, además de los aprovechamientos que por ley les corresponde cobrar. Antes de la crisis, llegaron a recaudar por este concepto 34,6 millones. Era 2006. Una década después, en 2016, último balance disponible de la ejecución presupuestaria publicado por el Ministerio de Hacienda, ingresaron 1,3 millones. Es la cifra más baja desde que existen datos (2001).
Si la recaudación en 2016 por la enajenación de inversiones reales, que es como se conoce técnicamente esta partida, se compara con 2015 la cifra se redujo más de un tercio. Estas cantidades son residuales si se comparan con las que percibían antes de que estallase la crisis. En 2006 fueron 34,6 millones y en 2007, 33,6, lo que supone 26 veces más que en la actualidad.
Desde entonces se ha producido un desplome del montante que se embolsan los municipios gallegos por la venta de terrenos y propiedades. Había tocado suelo en 2012 cuando los ingresos se quedaron en 1,7 millones. Desde ese año, y debido a la tímida recuperación económica, esta partida encadenó tres subidas consecutivas: 1,9 millones en 2013; 2,4 en 2014 y 4,5 en 2015. Sin embargo, en 2016 la recaudación solo alcanzó los 1,3 millones, la cifra más baja de los últimos 18 años. Y además, hay que tener en cuenta que el dato de 2015 está adulterado. El Ayuntamiento de Vigo se embolsó ese año 2,6 millones gracias a una finca para construir la Cidade da Xustiza. Sin esta partida, la recaudación por la venta de suelos y propiedades de todos los concellos habría sido de 1,9 millones, inferior a la de 2014 y similar a la de 2013.
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Impacto reducido
El impacto de los ingresos en los presupuestos municipales por la venta de su patrimonio es ahora muy reducido. Antes de que estallase la crisis llegaron a representar más del 1,5% del total. En 2016 fue el 0,006%. Es el capítulo de los ingresos con menor contribución a las arcas municipales: 0,5 euros por habitante, frente a los más de 12 que suponían antes de que arrancase la crisis.
Y además, los concellos no esperaban una caída tan abultada de la recaudación en 2016. Los municipios habían enviado al Ministerio de Hacienda una primera previsión conjunta de ingresos por este concepto que ascendía a 3,5 millones, lo que suponía un descenso con respecto al ejercicio anterior, pero duplicaba los de 2012. Una segunda previsión elevó esta partida hasta los 4,1 millones. Finalmente, recaudaron en total 1,3 millones, un tercio de lo que habían presupuestado.
Los ayuntamientos gallegos se han encontrado con el problema de dar salida a sus reservas de bienes públicos, sobre todo de suelo -junto con otras propiedades de dominio público municipal-, en un contexto de abaratamiento de los precios, que siguen en niveles anteriores a la crisis, y de falta de demanda para nuevos proyectos urbanísticos.
La bajada de la partida correspondiente a la enajenación de inversiones reales durante 2016 no afectó de la misma forma a todos los municipios, aunque en todos cayó por encima del 40% con respecto al año anterior.
El mayor desplome lo sufrieron los 93 concellos que tienen entre 5.001 y 20.000 habitantes en los que la recaudación bajó un 107%. Le siguieron los de entre 50.000 y 100.00 con una caída del 64%. Después aparecen los tres municipios de más de 100.000 habitantes, Vigo, A Coruña y Ourense, en los que el descenso fue del 58%. Esta bajada se debe, en parte, a que el concello vigués había absorbido en 2015 la casi totalidad de los 2,6 millones que recaudaron por este concepto estos tres ayuntamientos. En total, Vigo se embolsó ese año 2,6 millones gracias a una finca para construir la Cidade da Xustiza. En 2016, los tres recaudaron poco más de un millón, un 58% menos que un año antes. En cuarto lugar, aparecen los de entre 20.001 y 50.000 habitantes donde la recaudación bajó un 64%: de 84.000 euros a 30.000.
Los únicos que aumentaron la partida con respecto a 2015 fueron los de menos de 5.000 habitantes, que también son los más numerosos con 200 ayuntamientos. La subida fue del 56% al pasar de 143.000 a 224.000 euros.
