Prender fuego al monte es un delito difícil de esclarecer y, más todavía, hacer que el culpable se siente en el banquillo y acabe entre rejas. Desde que se crearon las Fiscalías de Medio Ambiente -en Galicia la unidad especializada empezó a operar en 2004- el número de incendiarios detenidos ha ido en aumento, así como los juicios y las sentencias condenatorias. Pero la falta de pruebas contundentes y de testigos que permitan armar la causa para llevar al juzgado a un sospechoso hace que la práctica totalidad de los delitos de incendios forestales se quede por el camino sin llegar a celebrar juicio alguno por las hectáreas reducidas a cenizas. El balance de los últimos cinco años en Galicia revela el elevado número de causas abiertas pero el escaso volumen de las que fueron juzgadas y, en consecuencia, sentenciadas. Entre 2013 y 2007, fueron investigados un total de 2.105 delitos de incendios forestales en Galicia, pero tan solo 173 fueron calificados para ser llevados a juicio, según datos facilitados por la Fiscalía Superior de Galicia. Es decir, solamente el 8,2% de los procesos incoados por quemar el monte en el último lustro sentaron en el banquillo al incendiario sospechoso. O lo que es lo mismo, los incendiarios que se esconden detrás de nueve de cada diez fuegos investigados en Galicia quedan impunes, bien porque se desconozca el origen de las llamas, por la falta de pruebas incriminatorias o por la ausencia de testigos que identifiquen a los sospechosos.
En este mismo periodo, las sentencias dictadas por este tipo de delitos alcanzaron las 187 en toda la comunidad. El grueso de los fallos son condenatorios -el año pasado, de los 40 que se emitieron en los juzgados gallegos, el 75% fueron de condena-. Pero el ingreso en prisión es excepcional; solo se aplica para los casos de reincidentes. La práctica totalidad de los juicios por incendios forestales en Galicia son por quemas de rastrojos y se resuelven con el pago de una multa.
De los últimos cinco años, 2013 batió el récord de delitos de incendios forestales, con un total de 750 -una media de do cada día-. El año pasado se contabilizaron 270 -más de 20 cada mes-, lo que supone un aumento del 31% respecto al ejercicio anterior, que había registrado 206 investigaciones por fuegos en el monte.
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Pero en estos últimos cinco años, tan solo fueron llevados a juicio 173 casos. Fue 2017 el año con más delitos de incendios forestales calificados, es decir, con escrito de acusación para ser juzgados: 48. Este balance representa un 71,4% más que los 28 casos llevados a los juzgados el ejercicio anterior. Tan solo el año pasado y en 2012 (con 46 delitos de incendios calificados) se superó la barrera de los 40. En 2014 fueron 40; mientras que en 2013 se quedaron en 34 y en 2015 se registró la cifra más baja, con solo 28 casos que llegaron a juicio.
Cada vez que las llamas asolan los montes surgen voces que exigen el endurecimiento de las penas. En 2015, la reforma del Código Penal endureció las penas para los incendiarios: hasta 20 años de cárcel. En todo caso, cuando las llamas no ponen en riesgo a la población, la ley prevé condenas de entre uno y cinco años de prisión, que con agravantes pueden elevarse hasta seis años. Las penas también aumentan cuando el autor del fuego obtiene un beneficio económico.
Y si el incendio ha sido provocado por una imprudencia grave, como una quema de rastrojos descontrolada -en Galicia son el grueso de los delitos de incendio que llegan a juicio- o una barbacoa, será castigado con la pena inferior a las previstas para cada supuesto.
Según datos de la Fiscalía Superior de Galicia, en 2017 se dictaron 40 sentencias por incendios forestales, cinco más que el ejercicio anterior y casi el doble que las 22 registradas en 2015.
Pasada la ola de fuegos de octubre, el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, daba por "suficientes" la actuales penas para este tipo de delito. Sin embargo, advertía de que se "deberían repensar los tipos penales", no solo castigando el resultado del incendio sino también valorando la intención con la que se ha actuado. Es decir, como delito de riesgo, fijar la pena según la intencionalidad.
Nada más tomar posesión de su cargo, el nuevo comisario jefe de la Policía Autonómica en Galicia, Fernando Pico, apeló a la colaboración ciudadana en la aportación de pruebas para sentar en el banquillo a los sospechosos y también urgió "rapidez" en los juicios a incendiarios para ganar eficacia. Y es que salvo las causas por imprudencias, que resultan sencillas ya que se resuelven con un juicio rápido, en los asuntos más complejos la resolución se demora de dos a cuatro años. "Un juicio rápido es más útil para concienciar; poner una multa de 100 euros cuatro días después des más beneficioso que sancionar con 1.000 euros cuatro años después", alega el comisario jefe.
