31 de mayo. Era la fecha límite para que los concellos y los propietarios dejasen limpias las franjas de seguridad -50 metros alrededor de núcleos urbanos y edificaciones aisladas- como medida de prevención de incendios forestales. Ya antes de que se agotase el plazo, los alcaldes advertían de que era "imposible" tener en ese plazo el monte limpio, tanto por falta de medios para realizar el desbroce como para identificar y sancionar a los vecinos que no realizasen los trabajos en sus fincas. Los recursos, al fin, llegarán a los ayuntamientos con una partida habilitada por la Consellería do Medio Rural de un total de 28,5 millones en cuatro años.

El borrador del convenio, de adhesión voluntaria por parte de los concellos, fue aprobado ayer por la comisión ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con la abstención de BNG y En Marea. Tras celebrar que Medio Rural "ponga dinero para colaborar en el desbroce", el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco, Alfredo García, apuntaba que este acuerdo "refuerza" la posición del órgano de local de que "los concellos no tienen capacidad real para ejecutar esa competencia".

A solo diez días de que terminase el plazo fijado por la Xunta para limpiar las franjas de seguridad, García apuntaba que la tarea llevaría de dos a tres años, y a partir de ahí solo sería mantenimiento. Pero el problema no solo radica en la limpieza, sino en la identificación de los propietarios de terrenos forestales -cerca de 700.000- que muchos son herederos que ni saben dónde están esas fincas o siquiera que son suyas. El desbroce en esta campaña afecta a una superficie de matorral, pinos y eucaliptos en la comunidad de unas 70.000 hectáreas, de un suelo forestal que alcanza los 2,5 millones de hectáreas. Las sanciones por hacer caso omiso a los apercibimientos remitidos la Administración sobre la limpieza de las fincas son de hasta 3.000 euros.

Prioridad en los fondos

Para proseguir con las tareas de limpieza en los montes, la Xunta habilitará en los próximos cuatro años una partida para los concellos de 28,5 millones de euros. La línea de ayudas de Medio Rural dará prioridad a los ayuntamientos que hayan sufrido grandes incendios forestales, que alberguen parroquias de alta actividad incendiaria, los municipios del noroeste, aquellos con plan municipal de prevención de incendios y los que dispongan de brigadas de prevención y extinción de incendios forestales.

Desde el órgano de poder supramunicipal, definen el convenio con la Xunta como "paso adelante", aunque dan por hecho que "no se obtendrá el 100% de los resultados pretendidos", salvo -apuntan- que se genere una importante implicación de los propietarios de finca abandonadas. "El convenio mejorará la protección de viviendas en el rural, pero no acabará con los incendios; su solución pasa por la ordenación y puesta en valor del territorio", sentenció Alfredo García.

Desde Medio Rural pondrán en marcha un visor web que permitirá a los propietarios conocer las parcelas afectadas por la limpieza. La herramienta informática, encargada al Instituto de Estudos do Territorio, estará disponible en los 110 ayuntamientos que ya tienen adaptado su plan de ordenación municipal a la Lei de Ordenación Urbanística. Con solo introducir en el programa la referencia catastral de un terreno, el dueño conocerá si su finca está en zona afectada por la obligación de limpiarla.

Por su parte, la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, se reunió ayer en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Plana. Un encuentro que sirvió para reforzar la colaboración y coordinación entre ambas administraciones en materia de incendios forestales. Vázquez urgió a Platas cooperación del Gobierno en actuaciones conjuntas para recuperar el terreno tras los incendios.