La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) ha reforzado el control sobre el fraude fiscal y como consecuencia el pasado año se detectó a un 22% más de contribuyentes que se quedaron cortos en su tributación, lo que permitió incrementar la recaudación en 110 millones de euros. Los controles de la Atriga giran en torno a los impuestos autonómicos, básicamente el de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales. En 2017 Facenda comprobó las autoliquidaciones presentadas por un total de 455.333 gallegos, un 15% más que las revisadas el año anterior. Y encontró que 35.828 ciudadanos no declararon las cantidades que debían y, por lo tanto, se les reclamó un pago adicional.

Son 6.500 más que los contribuyentes detectados el año anterior, lo que también permitió elevar la recaudación a 110 millones de euros, por encima de los 103 que se obtuvieron de los controles fiscales realizados a las autoliquidaciones presentadas en 2016.

Según Facenda, puede haber contribuyentes que no liquidaron la cuantía correcta a sabiendas pero en otros casos puede tratarse simplemente de errores o simple desconocimiento. En todo caso, en las revisiones que hace la Xunta tienen un peso importante las comprobaciones de los valores de los inmuebles que se declaran, tanto en herencias como en compraventas. La Atriga fija valores más elevados que los declarados por el ciudadano, a pesar de que su método de valoración ha sido cuestionado incluso por la Intervención General del Estado y que el Tribunal Económico-Administrativo da la razón a ocho de cada diez contribuyentes que han reclamado estas comprobaciones.

Facenda realiza dos tipos de comprobaciones para luchar contra el fraude fiscal. Por un lado, revisa que las declaraciones de impuestos que presentan los ciudadanos son correctas y, por otro, a través de sus inspectores, emprende campañas específicas para detectar la posible evasión en el pago de tributos. En total, la Atriga logró recaudar 144 millones de euros más gracias a estos dos tipos de controles.

Según el balance de la Axencia Tributaria, la deuda detectada dentro del plan especial de lucha contra el fraude fiscal permitió aflorar 33,2 millones de euros, un 62% más de lo previsto inicialmente.

Los otros 110 millones se recaudaron tras comprobar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. El grueso de los tributos que maneja la Xunta son el impuesto de sucesiones, que grava las herencias, y el de transmisiones patrimoniales, que se aplica sobre la compraventa de bienes de segunda mano. Cada vez que se hereda o se adquiere, por ejemplo, una vivienda, el ciudadano debe presentar una autoliquidación a la Administración para pagar los correspondientes tributos.

Del casi millón de declaraciones presentadas, se revisan casi la mitad (455.333). El 92% son correctas, pero en un 7,9% se detecta que no se ha pagado todo lo que se debe.

Donde se destapa el grueso de las cuantías que no fueron declaradas es en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Desde 2016 quedan exentas de pagar las familias cuando el legado que reciben no supera los 400.000 euros.

Cuando toca liquidar el tributo, sin embargo, las cuantías que se pagan son más abultadas, de ahí que el grueso del fraude fiscal detectado por la Xunta proceda de las herencias.

En 2017 la Atriga incrementó un 27% los controles sobre este impuesto y como consecuencia corrigió al alza las declaraciones presentadas por 10.680 gallegos, un 43% más que el año anterior. Sin embargo, las cifras de recaudación obtenidas como resultado de estas comprobaciones se mantienen similares a las de 2016: un total de 76,8 millones de euros, solo 2,2 millones más que ejercicio pasado.