En el caso de las comprobaciones que realiza la Atriga sobre las declaraciones de impuestos que presentan los ciudadanos, se destapa una deuda que no siempre está relacionada con un afán defraudador. En ocasiones, no se paga lo que se debe por un error o por simple desconocimiento. Sin embargo, si se detecta una conducta infractora se inicia un proceso sancionador.
En 2017 se abrió expediente a casi 2.000 gallegos, pero la cuantía de las multas fue solo de un millón de euros. Es mayor el importe de las sanciones que salen del plan especial de lucha contra el fraude: un total de 7,6 millones de euros. De esta manera, la Xunta ingresa casi nueve millones en total en multas a los defraudadores.
Como consecuencia del plan de lucha contra el fraude fiscal se levantaron 678 actas de inspección, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior. Casi la mitad se resolvieron con conformidad de las partes y 357 sin acuerdo.
Y los procedimientos sancionadores abiertos dentro de este plan de inspección ascendieron a 571 y se saldaron con 7,6 millones de euros de ingresos en multas.
La Xunta da facilidades a los contribuyentes para que cumplan sus deberes fiscales. Cuando los ciudadanos no pueden afrontar el pago de impuestos, pueden solicitar un aplazamiento o bien un fraccionamiento de las cantidades que deben a la Administración autonómica.
Aplazamientos
En los peores años de la crisis económica los contribuyentes llegaron a solicitar la prórroga de casi treinta millones de euros correspondientes a los impuestos cedidos a la comunidad autónoma. Sin embargo, desde 2014 esta cifra fue reduciéndose.
En 2017 solo se aplazó el pago de un total de 14,5 millones de euros. El grueso corresponde al impuesto de transmisiones patrimoniales que grava la compraventa de viviendas de segunda mano y el resto al tributo de sucesiones y donaciones.
