La Xunta se compromete a eliminar la penalización salarial por baja laboral a sus empleados públicos a partir de enero de 2019. Esto significa que los trabajadores de la Administración autonómica podrán cobrar su sueldo íntegro desde el primer día cuando se pongan enfermos o no puedan trabajar a causa de un accidente no laboral. Hasta ahora durante los tres primeros días se les recortaba el 50% del salario. El Ejecutivo gallego cumple así con el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos a nivel estatal para la mejora del empleo público firmado el pasado mes de marzo. Solo que los empleados de la Administración central se benefician ya de esta recuperación en sus derechos desde julio, mientras que en Galicia el Gobierno autonómico lo aplaza a enero del año que viene.
La razón es que para suprimir la penalización económica en las bajas laborales de su plantilla el Gobierno gallego debe modificar antes la Lei de Emprego Público de Galicia. Su intención es reformar esta norma a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2019. Así se lo trasladó la Consellería de Facenda a los sindicatos en el último borrador que recoge las propuestas de la Xunta para la mejora del empleo público y en el que también se desarrolla por primera vez la carrera profesional para la plantilla de la administración general, extendiendo así la ya aprobada dentro del Sergas.
Cambios en la norma
En 2012, en plena crisis económica, la Administración autonómica aprobó una ley que introducía una serie de recortes en los derechos de los empleados públicos. Entre ellos, se establecía que, en caso de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, los trabajadores de la Xunta cobrarían solo el 50% de su sueldo entre el primer y el tercer día. Si es la segunda baja en el año, la penalización en estos primeros tres días sería del 60% y en el tercer permiso y sucesivos llegaría al 100%.
Sin embargo, ya en 2015 la Xunta decidió suavizar estas penalizaciones y estableció que independientemente de si era la primera, la segunda o la tercera baja los empleados públicos cobrarían el 50% de su salario en caso de incapacidad temporal.
En los acuerdos con el personal de justicia, Vicepresidencia ya había pactado suprimir esta penalización económica. Y ahora la Xunta se compromete a hacerla efectiva a partir del 1 de enero de 2019 para toda la plantilla Sindicatos como UGT o CCOO se muestran en desacuerdo en que se retrase hasta el próximo año. "No podemos esperar cuando a nivel estatal y en otras autonomías ya están cobrando el cien por cien", señala Emilio Doforno, de Comisiones Obreras.
Además el secretario de administración autonómica de la ejecutiva de FSP-UGT Galicia, Lino Díaz, critica que se vincule la supresión de esta penalización a la aprobación de los presupuestos del próximo ejercicio.
El secretario de acción sindical de CSIF, José Sánchez Brunete, censura que se vincule este acuerdo a la carrera profesional. "Es un chantaje, porque si no aceptamos la carrera profesional, entonces no levantarán la penalización por incapacidades temporales", reprocha.
También CCOO critica que la negociación del acuerdo para la mejora del empleo público, que es básicamente trasladar a Galicia lo pactado en Madrid entre sindicatos y el Ministerio Hacienda, se ligue a la carrera profesional, un tema más complejo.
El acuerdo estatal firmado entre sindicatos y Hacienda recoge subidas salariales como un incremento retributivo del 1,5% en 2018, más otro 0,25% vinculado al cumplimiento del PIB, y también permite a las comunidades convocar un 8% más de nuevas plazas de empleo público una vez cubra la totalidad de sus vacantes y siempre y cuando esa autonomía cumpla la regla de gasto.
La propuesta de carrera profesional planteada sin previo aviso por la Consellería de Facenda no ha gustado a los sindicatos que critican que se deje fuera al personal laboral. También advierten de que los plazos que se exigen para ascender de grado, así como el hecho de prorratear los pagos del complemento retributivo durante cuatro años, impedirán beneficiarse a la mayoría de los funcionarios de la Xunta, que tienen una edad media de 50 años y están a punto de jubilarse.
El pago correspondiente al I grado -entre 732 euros y 2.365 al año, según la categoría- no se cobraría completo hasta 2022 -en 2019 se abona el 25%, al año siguiente el 50% y en 2021 el 75%-. Y el grado II también se paga escalonadamente hasta llegar al 100% en 2027. Los sindicatos enviaron ayer sus alegaciones al texto y prevén que mañana la Xunta los cite para una nueva reunión. Las centrales recriminan a la Xunta que presente esta propuesta de forma inesperada y en pleno mes de agosto. "Esto no se puede despachar en unas pocas horas", critica la CIG. "Se presentó de espaldas a los trabajadores y de forma oscurantista", denuncia José Sánchez Brunete, de CSIF. El primer punto de discrepancia es que se excluya al personal laboral. La carrera profesional que plantea la Consellería de Facenda es solo para los funcionarios de carrera y solo podría incorporarse el personal laboral si se somete a un proceso de funcionarización.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había comprometido ya en 2012 convertir en funcionarios al personal laboral de la Xunta. "Pero falta todavía el decreto, no sabemos, ni cuando, ni cómo", advierte el secretario de administración autonómica de la ejecutiva de FSP-UGT, Lino Díaz. CSIF cree que "se coacciona" al personal laboral para que se someta al proceso de funcionarización porque, de otra manera, no accederá a la carrera profesional.
Según las centrales, más de la mitad de los trabajadores de la Xunta son personal laboral y, quedarían fuera de la posibilidad de ascender y mejorar su salario.
La otra divergencia que señalan los sindicatos son los plazos "inaceptables" para subir de grado. Los empleados públicos deberán esperar entre cinco y siete años para ascender. "Va a pillar a muchos cerca de la jubilación y sin haber llegado al segundo grado, por muchos años de servicio que tenga", advierte la CIG.
CSIF recuerda que la edad media de la plantilla es de 50 años. "Menos de la mitad tendría reconocido su derecho efectivo y real a la carrera", señala Brunete, que además avisa que al prorratear los pagos un empleado público tardaría nueve años en cobrar el grado II.
Además, Comisiones cree que proporcionalmente las cuantías del complemento que se paga por grado beneficiarán más a las categorías de más rango. Y CIG teme que haya "discrecionalidad" en las evaluaciones para ascender de categoría.
