El Gobierno de España afronta una nueva multa millonaria de la Unión Europea (UE) por deficiencias en materia de saneamiento en 180 municipios, siete de ellos de Galicia. Los concellos gallegos señalados por Bruselas son Burela, Foz, Maceda, Baiona, Nigrán, Gondomar y A Estrada.
Europa ha remitido al Ejecutivo central una carta de emplazamiento, y Madrid, en colaboración con las comunidades, debe presentar alegaciones para evitar la imposición de una sanción desde Bruselas, que considera que en casi dos centenares de consistorios, de entre 2.000 y 15.000 habitantes, se incumple la directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, aprobada en 1991, y que obligaba a dotarlas de colectores, depuración y control antes del 1 de enero de 2006.
La Consellería de Medio Ambiente declinó pronunciarse al respecto por carecer de información. Está pendiente de que el Ministerio le remita el expediente. Solo tiene constancia de que la UE había abierto una investigación y Madrid le ha advertido de que se le requerirá información para la defensa de los intereses de España.
Los cuatro concellos de Pontevedra investigados, Baiona, Nigrán, Gondomar y A Estrada, incumplen, según la UE, tres artículos de la directiva. El primero obligaba desde el 31 de diciembre de 2005 a contar con sistemas colectores para las aguas residuales urbanas. Un segundo artículo fijaba que en la misma fecha debían disponer de un tratamiento secundario (biológico) o equivalente para esas aguas residuales.
Y el último imponía un sistema de control, tanto para las aguas sometidas a vertidos desde las instalaciones de tratamiento como para los vertidos directos. El objetivo es verificar que esos vertidos no tienen efectos negativos sobre el medio ambiente.
En el caso de Baiona, Nigrán y Gondomar, la preocupación de Bruselas es "acabar con el supuesto impacto de la contaminación microbiológica procedente de la generación de aguas residuales" en espacios de Red Natura 2000 y zonas de producción de moluscos" en el estuario de A Ramallosa.
Aunque España ya defendió en un informe de 2014 que en esos tres concellos ya hay sistemas colectores y tratamiento biológico de las aguas residuales, la UE advierte "contradicciones" y demanda más explicaciones. Por ejemplo, le llama la atención que no se hayan optado por "tratamientos más rigurosos" para estas aguas residuales, al tratarse de "zonas sensibles" por su valor natural y económico.
En A Estrada, la UE sospecha que la estación depuradora no es capaz de tratar la carga contaminante a la que debe hacer frente y por ello el río Liñares sufre de contaminación fecal.
Por ello, las autoridades comunitarias demandan explicaciones de por qué aumentó la contaminación y si "los vertidos de aguas residuales sin depurar se producen con regularidad o de manera ocasional, por ejemplo por desbordamientos".
Doce autonomías
La Comisión Europea señala en la carta de apercibimiento que España ha incumplido sus obligaciones sobre tratamiento de aguas residuales y da dos meses al Gobierno para que alegue. Después, la UE examinará las observaciones de España y redactará un dictamen motivado, que puede acabar en el archivo del expediente o en una multa millonaria del Tribunal de Justicia Europeo.
La UE observa incumplimientos de la directiva en 12 comunidades autónomas. Galicia es la octava comunidad con más infracciones, y comparte plaza en el ranking con Cataluña. Peor es la situación de Andalucía (42 aglomeraciones urbanas con deficiencias), Canarias (41), Castilla-La Mancha (22) y Castilla y León (22) y Asturias (17) y y Baleares (12).
Mejor que Galicia están Aragón y País Vasco con tres casos; y Comunidad Valenciana y Extremadura con dos. Bruselas no ha señalado e nesta ocasión municipios de Madrid, La Rioja, Navarra, Murcia ni Cantabria.
