Como el crupier de un casino, la Secretaría General de Pesca ha dictado sentencia: no va más en la pesquería de atún blanco o bonito del norte. Se acabó, o casi, el cupo de capturas otorgado a España (15.015 de las 33.600 toneladas concedidas a la Unión Europea) este año y la flota debe programar, ya, su regreso a puerto porque, a partir de las cero horas del día 18 de agosto, y a pesar de la excepcionalidad de la campaña, ya no habrá cebo vivo ni curricán que asuste al príncipe de los mares.
Según confirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo excepcional de esta campaña ha sido "la combinación de la abundancia del recurso, la cuota disponible y el mantenimiento de los precios de venta" que, en teoría -solo en teoría- ha beneficiado a 303 buques de los más de 400 autorizados a pescar la especie al norte del paralelo 36º Norte.
Cada vez son menos los barcos participantes en esta costera tradicional en la que se involucran, en el Cantábrico, unidades pesqueras de las cuatro autonomías: País Vasco, donde se han vendido más de 5.000 toneladas; Cantabria, casi 2.000 toneladas; Asturias, alrededor de 400, y Galicia (Lugo y A Coruña), unas 1.000 toneladas. Se supone que, hasta las indicadas cero horas del día 18, esos 303 barcos autorizados a participar en la costera podrán capturar las 7.000 toneladas que restan al cupo otorgado a España.
España continúa pagando la penalización por sobrepesca realizada en campañas anteriores, y el Ministerio no quiere que se rebase la cuota para que la flota disponga en próximas campañas de las posibilidades de pesca derivadas de la nueva regla de control de capturas aprobada en 2017 por ICCAT para lograr la sostenibilidad de la pesquería y que, como ha ocurrido este año con la anchoa, la del bonito del norte pueda realizarse en el futuro inmediato con una mayor abundancia del recurso y precios de mayor rentabilidad que los registrados este año (que no han sido malos) y que contabilizan un total de 60 millones de euros que, en su mayoría, habrán ido a parar a las arcas de los pescadores artesanales (armadores y tripulantes).
Pues no va más, aunque hay mucho que hablar de la gestión de esta pesquería que, para la flota gallega -cada vez más limitada- supone un salvavidas económico por la reducción de cuotas de otras pesquerías habituales como son las del jurel, la sardina o la caballa.
