Concellos con alta actividad incendiaria y con planes municipales de prevención. Son algunos de los criterios fijados por la Consellería de Medio Rural para el reparto de más de 28 millones en ayudas destinas a la limpieza durante los próximos cuatro años de las franjas de seguridad -50 metros alrededor de núcleos urbanos y edificaciones aisladas-. El mismo perfil es el que ha puesto bajo la lupa la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, que en plena temporada de alto riesgo ha comenzado a enviar apercibimientos a los ayuntamientos más amenazados por las llamas para requerirles información sobre la actuaciones de prevención y defensa contra los incendios forestales que recogen sus planes de emergencia, al tiempo que les recuerda que "tienen carácter obligatario".

En el escrito remitido desde Madrid a los ayuntamientos con más incendios -en Galicia, la Xunta identificó a 77 parroquias de alta actividad incendiaria, repartidas en 48 concellos-, el departamento dirigido por Vercher recuerda que "la coordinación y la gestión del planeamiento municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales competen a los alcaldes o alcaldesas".

"La elaboración, ejecución y actualización de ese planeamiento tiene carácter obligatorio", continúa el apercibimiento que hace mención al artículo 16 de la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. Por ello, emplaza a los ayuntamientos "con un importante número de incendios, muchos de ellos intencionados" a que le informen sobre la elaboración de esos planes de actuación. Y, "en caso contrario", le informen de la ausencia, "dejando claro por parte de la Fiscalía, que existe la obligación de elaborarlos".

El Ministerio fiscal ya puso en el punto de mira a los ayuntamientos gallegos en el año 2016 alertando de la falta de planes locales de emergencia ante los incendios forestales, con especial trascendencia su falta en los concellos con alta actividad incendiaria. En la memoria de hace dos años, la Fiscalía de Medio Ambiente destacaba la amenaza de las llamas en la comunidad por su proximidad a las viviendas, urbanizaciones o núcleos urbanos cerca de zona forestal; y, en consecuencia", alertaba del "alto riesgo" de que el fuego afectase a la población o a infraestructuras vitales.

Por ello, remarcaba que los servicios de extinción "han de dar prioridad a la seguridad de las personas, la evacuación o la protección de bienes o infraestructuras". "Sin embargo, lamentablemente muchos de los municipios no tienen elaborados los planes locales de emergencia en los que se insertan los de autoprotección", cuestionaba Fiscalía, al tiempo que apuntaba que "como mucho hay una serie de recomendaciones y advertencias para que los propietarios de viviendas y solares adopten medidas preventivas".

Con el objetivo de garantizar la seguridad en las franjas de seguridad, Medio Rural y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) suscribieron el jueves de la semana pasada un convenio para limpiar la maleza y entrará en vigor el próximo mes de septiembre.

El principal problema "era y es", insiste el presidente de la Fegamp, Alfredo García, la identificación de los propietarios. Aquellos que estén localizados y no procedan al desbroce de sus fincas se enfrentarán al pago de una multa, así como de los gastos de limpieza que correrán a cargo de la empresa pública Seaga -por una tarifa uniforme fijada en 350 euros por hectárea-.

En los casos de propietario desconocido, si el coste de limpieza supera el valor catastral, el terreno parará a ser propiedad del Banco de Terras.