Evitar que los presos por delitos de terrorismo burlen los controles de cada penal, identificar a los colectivos de mayor riesgo de sufrir una radicalización violenta y abortar cualquier intento de captación o adoctrinamiento por parte de reclusos yihadistas. Con este triple objetivo se crearon en 2009 grupos especializados para controlar a los condenados por terrorismo. En la actualidad un total de 34 presos vinculados a grupos terroristas cumplen condena en Galicia -17 en A Lama (Pontevedra), 14 en Teixeiro (A Coruña), dos en Monterroso y uno en Bonxe (Lugo)-, según datos del Ministerio del Interior. Todos están en el plan de especial seguimiento puesto en marcha por Instituciones Penitenciarias en 2015 a raíz de la oleada de atentados yihadistas en Europa.
Este dispositivo de vigilancia se ha extremado en los últimos meses, extendiéndose incluso a reclusos musulmanes que ingresaron en los centros penitenciarios del país por delitos comunes. Cada penal debe enviar a Madrid informes diarios sobre los movimientos de los internos sometidos a seguimiento así como de sus comunicaciones con el exterior. El objetivo: prevenir la posible creación de células yihadistas en prisión.
En el conjunto de España, cumplen condena 396 los presos por delitos de terrorismo, que apenas representan un 1% de la población reclusa (más de 51.000). Los internos vinculados a bandas terroristas que en la actualidad están en prisión son un 16% menos que hace cuatro años, un descenso provocado por el fin de ETA y de otros grupos terroristas como los Grapo.
Sin embargo, el número de arrestos por terrorismo yihadista ha ido en aumento en los últimos años. De los 51 yihadistas que estaban en prisión en España a finales de 2014 (42 de Al Qaeda y el resto de otros grupos islamistas) se ha pasado a mediados de este mes de agosto a 134, lo que supone más del doble en los últimos cuatro años. De ellos, 93 vinculados de algún modo al Estado Islámico, otros 40 pertenecen a Al Qaeda y uno al Grupo Islámico Armado (GIA). En 2017, según el balance de Interior, fueron detenidos 86 sospechosos de terrorismo yihadista y cuatro vinculados a otros grupos terroristas. Y en lo que va de año, las detenciones se elevan a 49 en el primer caso y seis en el segundo.
Pese a su disolución, ETA es la organización terrorista que cuenta con más encarcelados en España, 234. Le siguen los condenados por terrorismo yihadista (134), los Grapo (18), grupos independentistas gallegos (7) y grupos anarquistas (1). En Galicia, el porcentaje de presos yihadistas y etarras es casi idéntico, con un 50% de los internos por delitos de terrorismo.
Plan de seguimiento
Algunos de los reclusos condenados por terrorismo que cumplen condena en Galicia están en el módulo de primer grado o en aislamiento, aquí el control es más severo en cuanto a las horas de salida al patio y el número de funcionarios que los custodian. Pero todos son objetivo de un seguimiento especial por parte de los funcionarios y también del equipo especializado en terrorismo yihadista que opera tanto en Teixeiro como en A Lama. Esto se traduce en un control diario de sus movimientos, su conducta, con quiénes se relacionan, actividades en las que participan, así como observaciones que los funcionarios consideren relevantes apuntar en cada parte diario.
Sus comunicaciones están intervenidas y desde Madrid se vigila el correo que les llega. Las salidas de la celda se limitan a paseos por el patio, más restringidos tanto en horas como en el número de internos con los que pueden salir en relación a los reclusos que no son de especial seguimiento. Bien es cierto que apenas reciben llamadas de teléfono o visitas ya que la mayoría son de origen sirio, marroquí o argelino y tienen a sus familiares o amigos en el extranjero.
Pero en el punto de mira de los grupos especializados en materia antiterrorista que vigilan cada paso de los presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) no solo están los reclusos vinculados al yihadismo. Instituciones Penitenciarias ha ampliado la vigilancia a más de un centenar de presos musulmanes en todo el país que cumplen condena por delitos comunes. Más de una treintena de ellos realizan labores de proselitismo tratando de convencer y ganar seguidores o partidarios y más de 80 mostraron signos de radicalización desde que ingresaron en prisión.
