Faltas de "respeto" o de "consideración" a agentes de la Policía o la Guardia Civil, negarse a identificarse, manifestarse a las puertas del Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos "si se perturba la seguridad", portar armas prohibidas, consumir drogas en la calle, solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos en lugares públicos... Hasta un total de 44 conductas están tipificadas como delito en la Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde julio de 2015 y que establece multas de 100 a 600.000 euros. Por saltarse la conocida como ley mordaza, que el Gobierno de Sánchez se propone derogar el próximo mes de septiembre vía decreto, una media de 38 gallegos son multados cada día. En total 34.545 sanciones interpuestas en la comunidad en dos años y medio, casi el 7% de las contabilizadas en toda España, por un importe que alcanza los 18,74 millones de euros, lo que se traduce en una recaudación diaria por este tipo de delitos en las calles de Galicia de casi 20.600 euros.
Este balance coloca a la comunidad gallega en el sexto puesto del ranking nacional en expedientes sancionadores abiertos y en el quinto en recaudación debido a la gravedad de las infracciones detectadas, según las estadísticas de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. En solo un año, los delitos de este tipo en Galicia aumentaron cerca de un 7%, al pasar de los 13.045 denunciados en 2016 a los casi 14.000 del año pasado. Sin embargo, la cuantía de las multas se disparó un 47%: en 2017 el importe total en la comunidad rondó los 9 millones frente a los poco más de 6 millones del ejercicio anterior.
Más del 70% de las infracciones contra la seguridad ciudadana destapadas en Galicia desde el verano de 2015 están relacionadas con consumo o tenencia ilícita de drogas: 25.202 por una cuantía que supera los 14,6 millones de euros -el 80% de la recaudación de Interior en Galicia por incumplimientos de la ley mordaza-. Tal es el volumen de este tipo de denuncias en la comunidad gallega, que suponen el 16% de todas las tramitadas en el conjunto del país.
En el ranking autonómico, le siguen las sanciones por delitos propiamente de seguridad ciudadana, con cerca de 6.600 interpuestas en los dos últimos años y medio por un valor que supera los 2,7 millones. Y finalmente, los delitos relacionados con armas o explosivos, que en Galicia suman más de 2.700 sanciones por un importe de 1,3 millones.
En el caso de las sanciones por drogas, el aumento durante el último año en la comunidad fue del 4,4% -con una media de 26 expedientes al día-. Pero a la vista de la recaudación, se trata de hechos delictivos más graves ya que el importe se disparó casi un 60% de 2016 a 2017.
En el caso de los delitos de seguridad ciudadana, en el último año se contabilizaron casi 3.200 en la comunidad -casi nueve al día-, un 14% más que el ejercicio anterior. Y el valor de las multas supera los 1,3 millones.
Por uso de armas o explosivos, los expedientes sancionadores tramitados en Galicia el año pasado alcanzaron los 1.280, un 7% más que el ejercicio anterior, pero la recaudación por este concepto se disparó un 45%, hasta rondar los 720.000 euros.
El informe de Interior revela la interposición de más de 515.000 denuncias en España desde que entró en vigor la ley mordaza en verano de 2015 -más de 560 cada día-, casi 230.000 registradas el año pasado (el 45% del total), por un importe que supera los 267 millones, más de 135,6 millones por sanciones de 2017. La mayoría de las multas son por infracciones relacionadas con drogas, seguidas del menoscabo de la seguridad pública y el tráfico de armas o explosivos.
En el pódium de la recaudación por incumplimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana está Andalucía, con más de 86,7 millones de euros en multas desde verano de 2015, seguida de Comunidad Valenciana (29,7 millones), Canarias (22,6), Madrid (19,4) y Galicia (18,7). En el extremo opuesto de la lista figuran País Vasco (694.048 euros), Navarra (2,2 millones), Murcia (2,3) y La Rioja (3,3).
Derogación vía decreto
Aunque la Ley de Seguridad Ciudadana fue suavizada durante su tramitación parlamentaria, rebajando incluso la gravedad de algunas conductas tipificadas como delito, salió finalmente de las Cortes, con único apoyo del PP, el anuncio de derogación si otros partidos llegaban al poder y con un recurso de inconstitucionalidad ya interpuesto. Miles de ciudadanos protestaron por toda España en contra de una ley que, consideraban, atentaba contra sus libertades.
Pese al rechazo de todos los partidos de la oposición y de las organizaciones sociales a la llamada ley mordaza, el Gobierno de Rajoy mantuvo que la norma es más garantista que la legislación anterior -la conocida como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta -, y que respeta plenamente la Constitución y deja menos margen a la discrecionalidad.
Con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, la Ley de Seguridad Ciudadana parece tener los días contados ya que el nuevo Ejecutivo se propone abordar el próximo mes de septiembre su derogación.
