Una nueva financiación autonómica y un plan contra la crisis demográfica. Estas son las dos demandas que Galicia y otras cinco comunidades urgen al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los titulares de Asturias, las dos Castillas, Aragón y La Rioja se dieron cita ayer en Zaragoza para suscribir una declaración con estas reclamaciones. La tercera petición es a la UE: la pérdida de población debe ser prioridad en el nuevo Marco Financiero Plurianual, que arrancará en 2020, y así contar con fondos propios.

Dos comunidades, Castilla-la Mancha y La Rioja, se sumaron ayer al frente por una financiación justa. Así tres comunidades del PP y tres comunidades del PSOE presionan al Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, eso sí, debe ser el resultado de "un consenso multilateral" y debe garantizar los mismos servicios a todos los ciudadanos, para cumplir el derecho constitucional de igualdad entre todos los españoles. También exigen al Ejecutivo central que presente ya la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

"No es contra nadie, estamos unidos para defender lo que le interesa a los ciudadanos, y se pueden unir los presidentes autonómicos responsables que saben que nuestro principal problema es cómo financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales, tres cuestiones que agotan el 85% del presupuesto", explicó Feijóo. "Es una mesa de unión, de optimismo, de la España de las autonomías para solucionar los problemas comunes de todos los españoles", remarcó el presidente gallego.

Feijóo explicó que la financiación autonómica, pendiente de su revisión desde 2014, es "clave en el diseño del futuro de la España autonómica", y advirtió: "Si esta legislatura va a finalizar también sin un nuevo modelo, es evidente que no la aprovechamos con la intensidad que la situación requiere".

Lo más probable es que el presagio de Feijóo se cumpla, pues la cercanía de las elecciones municipales, europeas y autonómicas de mayo de 2019, la minoría del Gobierno central y las tensiones en Cataluña dificultan la consecución de un acuerdo. En todo caso, el Ejecutivo de Sánchez se muestra dispuesta a intentarlo, pero después de los comicios del próximo mes de mayo. La incorporación de La Rioja y Castilla-La Mancha al frente autonómico estaba prevista para junio, pero se pospuso por la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. La cita de ayer es la primera en la que las demandas se trasladan a un presidente socialista. Este frente autonómico, ahora ampliado, ya se había reunido en ocasiones anteriores siendo un Ejecutivo del PP el receptor de sus reclamaciones. Esta es una de las fuerzas de este lobby, ya que plantean las mismas exigencias con independencia del color político que mande en Moncloa. Además, este grupo de presión está compuesto por tres autonomías gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León y La Rioja) y tres del PSOE (Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha).

Las seis comunidades representan el 52,8% del territorio, el 55% de los municipios de España, pero solo el 21% de la población y el 19,3% del PIB. Por eso han unido, porque juntas pueden hacer fuerza y colocar en la agenda del Gobierno una cuestión clave para su futuro: la pérdida de población y el envejecimiento y dispersión de los vecinos, factores que encarecen la financiación de los servicios públicos.

Unidas también aspiran a que la nueva financiación autonómica no sea el resultado de un pacto del Gobierno de turno con Cataluña, como ya sucedió en el pasado. "Sin privilegios y sin pactos bilaterales", reclamaron ayer.

Este lobby autonómico ya suscitó recelos en el pasado, y continúa despertándolos. Ayer fue el presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, quien dijo "no estar de acuerdo" con la reunión pues, en su opinión, deberían estar presentes todas las comunidades.