Las 123 recomendaciones salieron de la comisión especial creada en el Parlamento tras la ola de incendios del pasado mes de octubre. Por su sede pasaron 62 comparecientes y los trabajos comenzaron en noviembre, acabando ayer en el pleno de la Cámara con la aprobación del dictamen final. Algunas de sus propuestas más relevantes, con aplicación a medio y largo plazo, son las siguientes.

EServicio de extinción. Se propone crear un grupo de expertos para que someta a un examen el actual servicio de lucha contra el fuego (SPDCIF) y presente sus conclusiones antes de julio de 2019 para que el Parlamento la recoja. ¿Y qué se revisará? La conveniencia de mantener la actual configuración y la participación de las empresas públicas Tragsa y Seaga; mecanismos para reforzar la profesionalización; diseñar el papel de las brigadas municipales; la integración del servicio en la central de emergencias 112 o la asunción de las obligaciones que en el ámbito de las emergencias tienen concellos, diputaciones y Xunta. También se quiere analizar las dimensiones del SPDCIF, el número de efectivos y su adecuación en función de los periodos de riesgo de incendio a lo largo del año y contemplar nuevos escenarios de actuación, derivados de la situación del pasado octubre, como la nueva figura de los grandes fuegos y la circunstancia cada vez más frecuente de afección al entorno urbano.

EMovilización de tierras. Se hace una apuesta por aprovechar las tierras productivas y por una ordenación integral del rural. Galicia es la comunidad con más propiedades rurales, con más de 11 millones, por lo que se propone "profundizar en la movilización" del terreno productivo a través del Banco de Terras y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Se quiere facultar a Agader para iniciar las investigaciones que ahora solo puede realizar el Estado y que los predios con titular desconocido se puedan incorporar al patrimonio autonómico con todas las garantías jurídicas.

ERebajas fiscales. El dictamen demanda una reforma del Impuesto de Sociedades para reducir el tipo impositivo a las comunidades de montes vecinales en mano común y para bonificar la figura del inversor forestal. También se pide una rebaja de este impuesto para las agrupaciones de propietarios que explotan un monte en conjunto (SOFOR) para promover este tipo de gestión. En cuanto al IBI, de competencia municipal, se plantea una reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para la exención de este tributo en los montes en los que se practique una gestión forestal sostenible y cuyos dueños sean "silvicultores activos", nueva figura con la que se quiere dar reconocimiento jurídico a los profesionales, sociedades o agrupaciones que "manejan su propiedad con criterios sostenibles".

EFranjas de seguridad. El documento aprobado ayer aboga también por crear un nuevo ente instrumental específico, dependiente del Gobierno gallego, para asumir las competencias de prevención de incendios y vigilancia de incumplimientos legales, aligerando así las responsabilidades de los concellos, que se ven incapaces de realizar todos los controles. Entre sus funciones estarían las de "dirigir y coordinar" a todas las administraciones públicas, evaluar la distribución de competencias y proponer cambios, asesorar a los concellos, planificar las intervenciones y dirigir equipos de vigilancia que velarían por cumplir las medidas de prevención de incendios recogidas en la legislación, que ahora básicamente depende de los ayuntamientos.

ELímites al eucalipto. Se limita la explotación del eucalipto y se obliga a intercalar especies frondosas autóctonas, además de promocionar la ganadería extensiva frente a la intensiva.