El juez del caso Alvia, Andrés Lago Louro, retomó ayer las declaraciones de investigados y testigos por el accidente de Angrois en julio de 2013 en el que perdieron la vida 80 personas y más de 140 resultaron heridas. La causa enfila su recta final tras el retraso por la huelga de funcionarios de la Administración de Xustiza y justo en la misma semana en la que se produjo la primera dimisión entre los investigados, la del exdirector de Seguridad de la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares.

El magistrado incluyó el pasado febrero en la lista de investigados al gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste de Adif, Fernando Rebón Sartal, para "esclarecer defectos en la gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea" que justificaron la imputación un año antes del otro cargo de Adif investigado, el responsable de seguridad en la circulación del administrador ferroviario en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, que desde el año pasado está reubicado en una subdirección de nueva creación.

Según trasladó el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, la declaración de Rebón fue "bastante breve" y se limitó a defender que "no tenía competencias en la puesta en servicio de la línea Santiago-Ourense". El cargo de Adif solo contestó a las cuestiones del fiscal, el juez y su abogado, por lo que la defensa de las víctimas no pudo preguntarle por un tema que considera "vital": la desconexion del ERTMS, el sistema de frenado automático que permite una evolución constante de la velocidad. En este sentido, el letrado aclara que el investigado reconoció que su labor era analizar la seguridad "una vez que está en marcha la vía". Por eso, Alonso Ferrezuelo aclara que en la documentación de puesta de funcionamiento sí es cierto que "no hay ninguna firma ni ningún documento referido a Rebón" y puede que no tenga responsabilidad en este tema. Pero añade que en cuanto a la desconexión del ERTMS "sí tiene competencias" al ser el gerente de seguridad de la zona noroeste. "Entendemos que se tenía que haber supervisado ese riesgo tal y como aseguró la Agencia Ferroviaria Europea", insiste la defensa de la plataforma de las víctimas. El informe de la UE sobre el accidente ferroviario recoge que un organismo independiente tenía que haber hecho un análisis del riesgo que se generaba en la curva de A Grandeira donde descarriló el Alvia tras la desconexión del ERTMS en estos trenes en 2012, un año después de la inauguración del trazado. "Consideramos que sí tiene responsabilidad en este hecho que fue clave a la hora del siniestro", incidió de nuevo el abogado.

A su llegada a los juzgados de Santiago para declarar Rebón se encontró con un grupo de víctimas con una pancarta en la que pedían "justicia". A su salida los manifestantes lo increparon y, por un momento, impidieron la marcha de la furgoneta que conducía.

En la jornada de ayer también compareció un técnico de la unión temporal de empresas (UTE) Thales y Dimetronic, suministrador de la tecnología de seguridad correspondiente al subsistema de control, mando y señalización de la línea Santiago-Ourense (el que abarca el ERTMS). El abogado de las víctimas explicó que este experto confirmó la versión de los tres peritos de la consultora independiente Ineco, que están investigados en la causa junto al maquinista, dos cargos de Adif y uno de Renfe. El técnico de la UTE aseguró que la peligrosidad en la curva de A Grandeira no se analizó "ni por parte de ellos ni de Ineco". "El encargo de los riesgos no abarcaba toda la línea, era solo hasta el kilómetro 84, poco antes de la curva", señaló el experto en palabras que recogió el abogado de la plataforma de afectados. Para Alonso Ferrezuelo eso significa que Adif no encargó ese análisis preliminar del riesgo "porque no había sistema de seguridad en Angrois".

Las declaraciones continúan esta semana. Hoy comparecerán los peritos Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo Holgado, que realizaron peritajes para la defensa de las víctimas en señalización y factores humanos. Y para mañana están citados el ingeniero Antonio Puyol y la directora técnica de Adif, Esther Mateo, quien aportó los últimos documentos de la operadora ferroviaria para defender su actuación en cuanto al examen de riesgos en la línea de Angrois.