El cambio de Gobierno que causó la moción de censura de junio ha variado las posiciones y el escenario para que se concrete la ambición de que Galicia logre la transferencia de la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9), ahora en manos estatales. El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez ha desbloqueado el debate legal de la medida en el Congreso, vetado por la administración del popular Mariano Rajoy, alegando su impacto negativo sobre las cuentas estatales y su condición de vía de interés general.
En esta nueva coyuntura, el PP gallego reclama a su dirección estatal que dé un vuelco a su postura de los últimos años y pase de paralizar el asunto cuando gobernaba a permitir su aprobación con el voto de sus 137 diputados en la Cámara baja, extremo que le exigió el martes el PSdeG. Mientras, ni el Ministerio de Fomento ni PSOE han respondido a si autorizarían esa cesión. Ambas fuerzas bastarían para aprobarla.
El secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, garantizó ayer que reclamarán a sus compañeros de filas con escaño en la Carrera de San Jerónimo que "atiendan" una demanda "justa y razonable" para que sea la Xunta la titular de la AP-9, permitiéndole la fiscalización de la gestión de la concesionaria, cuyo contrato finaliza en 2048 tras la última prórroga aprobada la década pasada por el Gobierno del PP presidido por Aznar. Tellado expuso que el PP gallego mantiene su posición y retó al PSOE a aclarar la suya. "Me gustaría saber qué va a hacer", dijo.
La Xunta se alineó con la postura orgánica del partido que la sustenta y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez mostrar una "voluntad real" sobre una transferencia bloqueada en tres ocasiones por Rajoy.
También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le exigió al presidente del Gobierno que los socialistas avalen la transferencia para poner fin a la "estafa de los peajes".
En el año 2016 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición legal para llevar a cabo esa cesión, que afecta a una ley orgánica y, por tanto, deben debatir las Cortes Generales. Al veto del Ejecutivo central de entonces le siguieron otras dos iniciativas, la última presentada antes de verano.
El Gobierno de Rajoy esgrimió para impedir no su aprobación, sino su discusión, el artículo 136.4 de la Constitución, que le concede capacidad de veto a iniciativas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos. La cesión de la AP-9, cifró, supondría entre 554 y hasta 4.570 millones de euros.
A cambio, constituyó una comisión de seguimiento de la gestión de la AP-9, en el ojo del huracán por el aumento de peajes o los retrasos en la ampliación de Rande. El PP gallego justificó la coyuntura política para retrasar el abordaje de la cuestión. Ahora le pide a Génova que modifique su posición 180 grados respecto a la que tenía en el Ejcutivo y apoye la transferencia desde las filas de la oposición.
El Tribunal Constitucional consideró contrario a derecho el veto aplicado gracias al artículo 136 de la Carta Magna por no detallar las partidas presupuestarias afectada, lo que aprovechó En Marea para abrir otra vía de discusión en el Congreso.
Sin embargo, el martes el Parlamento gallego conoció formalmente el cambio de criterio del Gobierno. El equipo de Sánchez permitirá abordar la cesión la titularidad de la vía a Galicia. Eso sí, la fecha del debate depende de la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos.
La discusión en las Cortes, en que participarían tres diputados gallegos -de PP, En Marea y PSdeG, quedando fuera el BNG, autor de la iniciativa original-, incluirá además un asunto capital: la posibilidad de rescate de la AP-9, rescindiendo la concesión y asumiendo la Xunta su gestión.
El Gobierno autorizó la tramitación en el Congreso de la primera proposición legal aprobada en Galicia, aunque en un primer momento se produjo un error en el número del expediente y se consideró tramitada la segunda, como adelantó ayer Europa Press.
"La Administración del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en el caso de que, en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente ley orgánica, la comunidad autónoma acuerde el rescate de la concesión de la autopista AP-9 para su reversión al ámbito público", establece la primera iniciativa. Este extremo fue eliminado posteriormente para intentar sortear el veto de Mariano Rajoy. Ahora se debatirá, pero podría ser modificada en la tramitación en las Cortes.
