Nueve ayuntamientos de Galicia han solicitado al Gobierno una actualización catastral para fijar el próximo año una nueva tributación del IBI, si bien esto no tiene por qué traducirse en una subida automática del impuesto dado que los ayuntamientos disponen de mecanismos para dejar sin impacto en los recibos de la contribución, si así lo desean, la actualización de los valores catastrales.

De los nueve municipios que se someterán a este procedimiento, cinco pertenecen a la provincia de Ourense: A Gudiña, A Rúa, A Veiga, Celanova y Vilamaior. Por la provincia de Pontevedra solo hay uno, Vilanova de Arousa, mientras que por A Coruña figuran dos, Dumbría y Laxe, y por Lugo solo uno, Guntín. La relación aparece publicada en el BOE de ayer.

Los coeficientes de actualización son aprobados habitualmente por parte del Gobierno en los presupuestos generales del Estado de cada año, por lo que por ahora se desconoce cuál será el resultado final. Los ayuntamientos que el año que viene pretenden actualizar su valor catastral cumplen varios requisitos. Primero, comunicaron su propósito a la Dirección General del Catastro y también justificaron que existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que en su día sirvieron de base para el cálculo de los valores catastrales vigentes. Además, deben de haber transcurrido un mínimo de cinco años desde que se hizo la última actualización catastral. El más reciente en el caso de Galicia es del de Celanova, del año 2002. Los demás son todo anteriores, como el de Guntín, que es de 1989.

Por lo general, la inmensa mayoría de los ayuntamientos que solicitan la actualización catastral en toda España lo hace para obtener de forma indirecta una subida del IBI. Así, los ayuntamientos no suben los tipos del impuesto que se aplican sobre los bienes inmuebles pero sí el valor del bien al que se aplican dichos tipos. Luego está en su mano, rebajando el tipo, dejar sin efecto la actualización catastral.

Pero tradicionalmente, cerca del 90% de los municipios que pide la revisión lo hace para subir los valores y solo un 10% para rebajarlos. Estos últimos son los que realizaron una revisión entre los años 2003 y 2012, en plena burbuja inmobiliaria, con lo que los valores resultantes estarían ahora por encima de los del mercado.