Los condenados en Galicia que eluden el ingreso en prisión con penas alternativas de cárcel son ya casi el doble que los reclusos que están entre rejas. Frente a los apenas 3.300 reclusos que cumplen condena en los cinco centros penitenciarios de la comunidad, casi 5.800 condenados en Galicia el año pasado -una media de 480 cada mes- evitaron una celda con trabajos en beneficio de la comunidad y programas formativos o de reeducación. Esta alternativa, reservada para delitos con penas de prisión inferiores a tres meses, ha permitido descongestionar los penales de todo el país, que en los años de mayor hacinamiento cárceles como las de Teixeiro (A Coruña) o A Lama (Pontevedra), con una capacidad para poco más de mil reclusos, llegaron a acoger cada una a casi 1.800 e incluso hubo centros en los que el nivel de saturación impedía separar a los internos por su peligrosidad o por la duración de la pena, obligando a convivir a los presos violentos con los menos peligrosos.
En el conjunto del país, las penas alternativa al ingreso en prisión experimentaron en 2017 una caída de casi el 8% respecto al ejercicio anterior, al pasar de los más de 92.000 mandamientos cumplidos en 2016 a los poco más de 85.000 el año pasado. En la comunidad gallega el descenso fue menos acusado: un 4,4%, con un total de 5.791 condenados a actividades sociales o programas formativos frente a los 6.058 del año anterior, según las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recogidas en la memoria anual del Ministerio del Interior.
Por provincias, A Coruña y Pontevedra concentran el grueso de las condenas tras actividades sociales en Galicia. En el primer caso se ejecutaron el año pasado 2.508 (el 43% del total en la comunidad) y en el segundo, 1.929 (33%). Las cifras de Ourense y Lugo se sitúan muy por debajo, con 915 y 439 penas alternativas a prisión, respectivamente.
La caída de la población reclusa en Galicia ha sido menos acusada en el último año que el descenso experimentado por las penas fuera de prisión, con un -3,9% en el primer caso y un -4,4% en el segundo. Las estadísticas de los últimos años, con una continua bajada de internos en las prisiones españolas reflejan la apuesta de Instituciones Penitenciarias por el régimen abierto -un sistema que se aplica a los condenados en tercer grado y que les evita tener que dormir en prisión-, pero también de jueces y fiscales por los trabajos en beneficio de la comunidad para delitos leves. Ayuntamientos, centros de inserción social y organizaciones sociales ofertan más de 33.000 plazas en toda España, más de 2.000 en la comunidad gallega.
La mayoría de condenas alternativas a prisión son por delitos leves en materia de seguridad vial (31,35%) o violencia de género (31,33%), seguidos de los ataque al patrimonio (14,39%) y las lesiones (10,84%). Y las condenas pueden ir desde días a meses e incluso hasta un año de duración. Si el condenado a tareas comunitarias trabaja, pena debe ser compatible con su horario laboral.
En el conjunto del país, Galicia ocupa el quinto puesto en número de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad. A la cabeza del ranking se coloca Andalucía (19.178), seguida de Comunidad Valenciana (16.567), Canarias (9.566) y Madrid (7.673). En el extremo opuesto de la tabla están País Vasco y La Rioja, con poco más de 800 penas alternativas a prisión cumplidas año pasado.
Solo cuatro comunidades registraron el año pasado un aumento de condenados que eludieron el ingreso en prisión haciendo actividades sociales: Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Cantabria. Galicia es la sexta autonomía donde menos disminuyeron las penas alternativas a la cárcel (-4,4%). Donde más cayeron, en País Vasco (-86,5%) y Aragón (-26%).
Al menos 31 días y hasta un máximo de un año de trabajos comunitarios o programas formativos. Esa es la pena que deben cumplir los condenados por delitos leves que quieran eludir el ingreso en prisión. Limpieza de cunetas, labores de jardinería, asistencia a lesionados en accidentes de tráfico, formación en bibliotecas, talleres de reeducación, culturales... Son algunas de las actividades, no remuneradas, que se realizan cada día en plazas ofertadas por ayuntamientos, centros de inserción social o organizaciones sociales, una especie de segunda oportunidad para el condenado con el objetivo de que repare el daño causado a la sociedad.
La mayoría de los condenados son hombres, casi el 90% de los mandamientos de penas alternativas de prisión. Al cierre de 2017 estaban en trámite en España más de 39.000 condenas a actividades comunitarias o talleres de reeducación, según recoge la memoria de Interior que no desglosa estos datos por comunidades.
La mayoría de los condenados a penas alternativas al ingreso en prisión son menores de 45 años. La franja de edad que se sitúa entre los 36 a 45 años concentra casi el 30% y de 26 a 35, alcanza un 26%. Los mayores de 65 años apenas representan un 2% de los trabajos sociales cumplidos.
