La merma de la capacidad adquisitiva para acceder a una vivienda en propiedad durante la crisis unido al repunte de los arrendamientos de pisos vacacionales dio lugar al boom del alquiler en los últimos años. El mercado del alquiler en Galicia aceleró el paso todavía más durante 2017 y, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), el número de familias que viven en este régimen aumentó un 36% en el último lustro. El crecimiento de este mercado se ha notado también en los precios con una subida generalizada en toda España aunque con grandes diferencias: en comunidades como Madrid vivir de alquiler cuesta un 30% más que durante la crisis mientras que en Galicia la subida el año pasado fue del 6,4% con precios que oscilan entre los 400 y los 600 euros, lo que supone hasta un tercio de los ingresos mensuales de los hogares gallegos.

Aunque la comunidad gallega no sea de las más afectadas por la subida de las rentas, no se escapa del repunte de la morosidad por el incremento de los precios. No en todos los casos esta lacra obedece a cuestiones económicas ya que también hay "morosos profesionales" que se aprovechan de la lentitud de la Justicia para resolver estos impagos -un embargo puede tardar en resolverse de uno a cuatro años- para no pagar la mensualidad. Por uno u otro motivo, la morosidad en el alquiler se triplicó en una década en España, mientras que en Galicia el número de casos de impago se duplicó en el periodo 2007-2017. El índice que la empresa Fichero de Inquilinos Morosos utiliza para su X Estudio sobre la Morosidad en Arrendamientos Urbanos revela que en Galicia esta tasa ha pasado de 128,7 a 261,6 en diez años con una tendencia constante de crecimiento. Superan la media gallega las provincias de Lugo y Pontevedra con 284,5 y 276,3 respectivamente, mientras que en Ourense el valor es de 254,7 y A Coruña ostenta la cifra más baja de la comunidad con 203.2.

En el último ejercicio también creció la morosidad aunque en menor medida, con una subida del 1,84% en 2017 respecto a la tasa del 256,81 registrada en 2016. Pese al repunte es el quinto mejor dato, solo por detrás de La Rioja, donde la morosidad se mantiene y de las tres comunidades donde bajó el número de los hogares con deudas en el alquiler: Asturias y Cataluña con un 2% menos y, sobre todo, Baleares con un 6,45% menos de morosos. El incremento de los impagos más acusado en la década se dio entre los años 2013 y 2014, en plena crisis del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria, con un 13% más de casos de un ejercicio a otro.

A Coruña

El estudio también recoge la cuantía que adeudan los inquilinos a los propietarios. En la comunidad gallega esa cantidad asciende a 4.097,25 euros, un 33% por debajo de los 6.032 euros que se deben de media en el resto de las autonomías. Si se tiene en cuenta que el precio medio del alquiler en Galicia ronda los 400 euros, los morosos deberían una media de diez meses de rentas a los dueños. La mayor deuda en Galicia se da en la provincia coruñesa, donde los inquilinos deben 4.751 euros, un 16% más que el promedio autonómico. También supera esa media Lugo con 4.108 euros en impago.

En el ranking nacional, Galicia es la sexta autonomía con el importe más bajo. Se sitúan por debajo de la comunidad gallega Asturias con una cuantía similar superando también por poco los 4.000 euros junto con Aragón, La Rioja, Castilla y León y Extremadura, las cuatro con cantidades adeudadas entre los 3.300 y los 3.900 euros.

Si en tiempos de crisis los desahucios por no poder pagar la hipoteca fueron uno de los principales problemas por la crisis de vivienda, en la actualidad son los impagos de los inmuebles en régimen de alquiler los que copan los desalojos, al representar hasta un 66% del total. El alquiler es una opción cada vez más exigente por el encarecimiento de los precios, que registran un aumento del 6,2% en Galicia. En este sentido, los lanzamientos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos alcanzaron el año pasado los 1.639, el dato más alto desde 2013 según el balance del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el millar de ejecuciones hipotecarias registradas el año pasado es la cifra más baja desde el inicio de la crisis del ladrillo.