Si en tiempos de crisis los desahucios por no poder pagar la hipoteca fueron uno de los principales problemas por la crisis de vivienda, en la actualidad son los impagos de los inmuebles en régimen de alquiler los que copan los desalojos, al representar hasta un 66% del total el año pasado. De hecho, en el último lustro el mercado del alquiler se disparó un 36% debido a la merma de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos para adquirir una vivienda en propiedad durante la crisis. Eso también aumentó la morosidad en este segmento, hasta el punto de que llegó a duplicarse en la última década debido a la subida de los precios por el boom del alquiler.boom

Los inquilinos morosos en Galicia dejaron a deber el año pasado unos 4.000 euros de media, lo que supone unos diez meses de impagos. Esta tendencia provocó un repunte de los lanzamientos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos alcanzando el año pasado los 1.639 casos, el dato más alto desde 2013, al mismo tiempo que caían las ejecuciones hipotecarias. A nivel nacional esa tendencia continuó también en 2018 con el repunte de los impagos de las rentas de alquiler, que hizo aumentar los desahucios en España durante el segundo trimestre. En Galicia, sin embargo se produjo el efecto contrario. Así se plasma en el informe Efectos de la crisis en los órganos judiciales publicado ayer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que recoge que los embargos en la comunidad por tener deudas con los caseros por no pagar el alquiler o con el banco por no abonar la cuota de la hipoteca cayeron en un 52% debido a una situación excepcional: la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia -gestores, tramitadores y personal de auxilio- que desde febrero a finales de mayo colapsó el sistema judicial. La protesta de los 2.700 trabajadores públicos para reclamar a la Xunta un incremento salarial provocó el aplazamiento de 20.000 juicios y decenas de miles de trámites además los registros civiles paralizados.

Pese al paro, entre abril y junio se produjeron 244 lanzamientos como consecuencia a procesos relacionados con la Lei de Arrendamentos Urbanos, que aunque suponen la mitad respecto a los 477 casos registrados en el mismo periodo del año anterior representan el 70% de los 346 desalojos tramitados en la comunidad en el segundo trimestre. Las ejecuciones hipotecarias como consecuencia del desalojo por el impago de un crédito para la compra de vivienda suponen la tercera parte restante con 96 casos, un 60% menos que los 230 registrados el año pasado.

Para solventar los atrasos, en junio arrancó una primera fase del plan de recuperación del trabajo atrasado por la huelga, con refuerzo en los servicios como los de notificaciones y embargos. Además de las horas extra invertidas por los funcionarios para agilizar estos trámites, el mes pasado el TSXG propuso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que autorizase que los jueces titulares de los tribunales colapsados redoblen esfuerzos para sacar adelante los asuntos atascados también con horas extra remuneradas. La petición ya fue aprobada por el órgano judicial.

Por comunidades, el mayor número de desalojos derivados de deudas de los inquilinos con sus caseros se registró en Cataluña con 2.589 procesos la cuarta parte del total nacional. Le siguen Madrid y Andalucía, ambas por encima de los 1.400 lanzamientos. En cuanto a los desahucios por incumplir el pago mensual de la hipoteca, Cataluña también lidera la clasificación con 1.181 desalojos, seguida de los 1.132 contabilizados en Andalucía y los 959 en Comunidad Valenciana.

Por otra parte, el informe recoge que los concursos de acreedores siguen a la baja, con una reducción del 3,9%, fueron 74 de abril a junio. Lo mismo sucedió con los siete Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), tres menos que en el mismo periodo del año pasado. Las demandas de despido, un total de 1.406, también bajaron un 1,8%.