Por primera vez desde su creación en 2008, la APLU asumió este año las demoliciones de obras menores ilegales como muros de cierre, gallineros o alpendres en los concellos de menos de 5.000 habitantes. Este cambio, a su vez, permitirá esto también mejorar su recaudación, pues recibirán el 10% de las multas impuestas por el organismo de la Xunta en suelo rústico, pese a ser este competencia autonómica -los ayuntamientos se limitan al suelo de núcleo-.

Esta modificación fue acordada por el Ejecutivo gallego y los ayuntamientos a comienzos de año con el propósito de intensificar la lucha contra el feísmo. Menos carga de trabajo para los ayuntamientos adheridos a la APLU, más ingresos para las arcas municipales y una mejora en la gestión y resolución de los recursos de reposición. Son los tres ejes sobre los que pivotan este año los nuevos servicios que prestará la agencia de urbanismo gallego a los concellos.

En febrero, la entonces conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, justificó el paso por ser las "pequeñas construcciones las que generan la gran mayoría de infracciones en los concellos más pequeños", aquellos con menos medios para hacer cumplir la legalidad urbanística.

El reparto del importe recaudado por la APLU en multas también varía este año. La agencia urbanística repartirá con cada ayuntamiento adherido el 10% de lo que ingrese por las sanciones en ese territorio, hasta un máximo de 30.000 euros. Hasta ahora se aportaba el 50% a los concellos, pero tan solo de las multas impuestas en suelo de núcleo (de competencia municipal). Ahora, los convenios de adhesión incluyen en esa distribución la recaudación por infracciones en suelo rústico.