Cerca de 430.000 gallegos han recurrido a un abogado del turno de oficio durante los últimos diez años. Pese a la mejora de la situación económica y la derogación del tasazo en 2015, la demanda de asistencia jurídica gratuita volvió a crecer el año pasado rompiendo así la tendencia a la baja durante cuatro ejercicios consecutivos propiciada por el aumento de los ingresos en los hogares de la comunidad. En total fueron 43.494 los litigantes gallegos que recurrieron en 2017 a la Justicia gratuita -una media de 120 cada día-, lo que supone un repunte del 6% respecto al año anterior que se cerró con poco más de 41.000 expedientes, según el balance de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Detrás de este aumento están ciudadanos a los que la crisis golpeó de lleno y que todavía hoy no lograron capear los números rojos en sus cuentas. Junto con las demandas por desahucios debido a la falta de pago de la renta, las reclamaciones de las cláusulas suelo en las hipotecas son los procedimientos donde más ha crecido la demanda de un letrado de oficio en la comunidad, según detalla el presidente del Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo.

Y la tendencia este año volverá a ser al alza, tal y como augura Mondelo. ¿El motivo? La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil abre la puerta a que miles de propietarios puedan acudir a la Justicia gratuita para denunciar la ocupación de sus viviendas. La reforma, aprobada este verano, permite el desahucio exprés frente a los okupas.

De las solicitudes que llegan a diario a los despachos de abogados del turno de oficio en Galicia, un 16% se han quedado por el camino durante los últimos diez años: un total de 68.806 de los 429.448 expedientes tramitados. Bien porque los demandantes no aportan la documentación requerida, porque finalmente desisten del proceso o bien porque habiendo solicitado un letrado de oficio renuncian al contratar a otro "de su confianza" o incluso por superar los ingresos económicos que marca la Xunta para poder acceder a este tipo de asistencia jurídica -por unidad familiar no se puede superar el doble del salario mínimo interprofesional-. Para las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de tráfico de seres humanos, la gratuidad es total sin considerar el límite económico fijado por ley.

El año pasado el volumen de expedientes denegados en Galicia alcanzó a más de 7.526 demandantes, el 17,3% del total de peticiones presentadas y un 6,5% más que la rechazadas el ejercicio anterior. En 2008 cuando se alcanzó el porcentaje más alto de demandas denegadas en la comunidad (casi un 23%). Por el contrario, 2010 se cerró el ejercicio con el mayor índice de solicitudes admitidas, con el 12% de expedientes que finalmente no fueron atendidos por letrados de la Justicia gratuita.

Usurpaciones de pisos, hurtos, impagos del alquiler o la hipoteca, condiciones generales de contratación, cláusulas suelo, modificaciones de medidas en divorcios... Concentran el grueso de los casos que llegan a diario a los despachos del turno de oficio en la comunidad.

Por lo general son litigantes que recurren a la Justicia gratuita por primera vez. Pero el perfil de los llamados "querulantes" se repite año tras año. "Los clásicos de siempre que suman al menos cinco o seis asistencias; son aficionados a ir a por todo: contra el vecino, el de la tienda...", apunta el presidente del Consello da Avogacía Galega.

A Coruña y Pontevedra concentran casi el 80% de las peticiones al turno de oficio en la comunidad, con 15.691 y 17.907 demandas tramitadas el año pasado. Los expedientes en Lugo apenas llegaron a 5.200 y e n Ourense, casi 4.700. El mayor repunte se produjo en Lugo (casi 19%), seguido del registrado en A Coruña (7,6%). Menos acusado fueron los aumentos en Pontevedra (2,8%) y Ourense (1,25).