Falta de pruebas y de testigos. Son los dos elementos claves que hacen que nueve de cada diez delitos de incendios forestales investigados en Galicia queden impunes, bien por dar carpetazo a la causa sin llegar a sentar en el banquillo a ningún sospechoso o bien por la absolución de los investigados debido a la ausencia de pruebas incriminatorias. Los grandes fuegos que devoraron el monte gallego desde la ola de 2006 y que dejaron ya 11 muertos se saldaron sin culpables. En la lista de incendios con víctimas mortales que no se tradujeron en condena alguna están los ocurridos en Cercedo, Campo Lameiro o Fornelos de Montes.
El último desastre natural en los montes gallegos que se resuelve con el archivo de la causa es el de Chandebrito (Nigrán), ocurrido el 15 octubre del año pasado y en el que dos octogenarias murieron calcinadas en su furgoneta cuando huían a casa de un familiar. Aunque el juzgado que lleva el proceso de Chandebrito, considerada una de las zona cero de los fuegos de hace un año y que se convirtió en una ratonera para cuantos intentaron huir de las llamas que cercaron la parroquia, está a la espera de recibir el resultado de las pruebas periciales, técnicamente se da por archivado para evitar que corran los plazos, según explican desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Una vez los reciba, el juez podrá reabrir la investigación o archivarla de manera definitiva.
Otras dos causas por la ola de incendios de 2017, en ambos casos sin víctimas, también se acaban de cerrar sin condena alguna. Se trata del fuego en Mogardáns (Gondomar), que se saldó con la detención de dos hermanos a quienes tras tomarles declaración y después del estudio de las pruebas el proceso se sobreseyó provisionalmente y se archivó por falta de indicios suficientes contra ellos. Entre los informes figura el análisis forense al que fueron sometidos para confirmar sus condiciones físicas e intelectuales. La Guardia Civil les había arrestado por un incendio que calcinó cerca de 1.500 hectáreas desde la parroquia del Val Miñor hasta Vigo.
El tercer procedimiento archivado corresponde al fuego en Baiona, que amenazó decenas de viviendas y redujo a cenizas dos de ellas.
Aunque la ola de incendios de 2006 se saldó con 58 detenidos, el 60% fueron absueltos o su causa fue sobreseída y solo dos fueron condenados a prisión. La mayoría de los procesos se resolvieron con el pago de una multa. Tres ingresaron en un centro psiquiátrico y otros tres fueron derivados a centros de menores.
Los fuegos de aquel verano negro dejaron cuatro muertos: madre e hija atrapadas por las llamas en Cercedo, un vecino de Campo Lameiro víctima de ese mismo foco y otro hombre de A Cañiza que fallece en el hospital por las quemaduras sufridas cuando apagar un incendio próximo a su vivienda. Por estos cuatro desastres naturales con víctimas mortales, solo hubo un arrestado que fue absuelto por falta de pruebas.
En 2010, dos brigadistas encontraron la muerte en un incendio intencionado por el que se abrió una investigación que en un principio imputó a cuatro personas —el supuesto autor del incendio y a los responsables de la cuadrilla y jefes de los fallecidos—. La causa se cerró al no apreciar infracción criminal ni falta de seguridad en el operativo y la maniobra para afrontar el fuego, sino que fue un accidente debido al cambio repentino en la velocidad y dirección y a la desacertada decisión de las víctimas de escoger la vía de escape.
A la lista de fallecidos se suma un piloto de una avioneta antiincendios en Monterrei en el año 2011. La aeronave tardó diez minutos en llegar al lugar del fuego y en realizar la primera descarga, que también fue la última, porque el aparato no remontó vuelo. Se cree que el avión sufrió una avería. En 2004, cayó a tierra otra aeronave en Beariz provocando la muerte del piloto. Con el mismo desenlace acabaron sendos accidentes en los servicios antitiincendios en 2005 en Beariz y Mondariz.
Más de 2.100 causas en cinco años, solo un 8% juzgadas
El balance de los últimos cinco años en Galicia revela el elevado número de causas abiertas por delitos de incendios forestales pero el escaso volumen de las que fueron juzgadas y, en consecuencia, sentenciadas. Entre 2013 y 2017, fueron investigados un total de 2.105 focos en la comunidad, pero tan solo 173 procesos fueron calificados para ser llevados a juicio, según datos facilitados por la Fiscalía Superior. Es decir, solamente el 8,2% de los procesos incoados por quemar el monte en el último lustro sentaron en el banquillo al incendiario sospechoso. O lo que es lo mismo, los presuntos autores que se esconden detrás de nueve de cada diez fuegos investigados en Galicia quedan impunes, bien porque se desconozca el origen de las llamas, por la falta de pruebas incriminatorias o por la ausencia de testigos que identifiquen a los sospechosos.
En este mismo periodo, las sentencias dictadas por este tipo de delitos alcanzaron las 187 en toda la comunidad. El grueso de los fallos son condenatorios —el año pasado, de los 40 que se emitieron en los juzgados gallegos, el 75% fueron de condena—. Pero el ingreso en prisión es excepcional; solo se aplica para los casos de reincidentes. La práctica totalidad de los juicios por incendios forestales en Galicia son por quemas de rastrojos y se resuelven con el pago de una multa.
La investigación de la Fiscalía sobre la ola de incendios que devoró el año pasado casi 50.000 hectáreas concluyó que no había ni tramas organizadas ni grupos criminales. El perfil del incendiario en Galicia se corresponde con un varón que vive en el rural y actúa solo.
