El Consello de la Xunta acaba de aprobar el anteproyecto de ley de rehabilitación y regeneración urbana que supone una pequeña revolución con respecto al funcionamiento actual de la Administración autonómica. Se recorta sustancialmente el papel de la Dirección Xeral de Patrimonio como órgano de control, a veces excesivo, en las reconstrucciones y restauraciones de edificios sometidos a algún tipo de protección. En adelante, sus informes solo serán exigibles para las rehabilitaciones de construcciones catalogadas como BIC o con protección integral declarada. En los demás casos, su intervención queda anulada y bastará solo con la licencia municipal, lo que afectará, según las estimaciones de la Xunta, a unas 3.500 viviendas anuales.

Esta modificación legal afectará a toda Galicia, incluidos el entorno del Camino de Santiago y los cascos históricos de las ciudades. Es más, tendrá prevalencia sobre los planes especiales municipales para estas zonas, a pesar de la máxima protección que tengan, ya sea la nuez de Santiago o el interior de la Muralla de Lugo, ambas Patrimonio de la Humanidad.

La reforma supone, entre otras consideraciones, según lo anunciado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se puedan unir viviendas de edificios diferentes, agrupar locales comerciales, permitir que un portal sea el acceso a varios edificios o vaciar total o parcialmente una construcción, restricciones que hasta ahora eran bloqueadas por Patrimonio. También queda a juicio de los propietarios la rehabilitación del interior de los edificios, pudiendo utilizar el hormigón. Las restricciones quedarán en mano de los ayuntamientos y los propietarios, salvo para los casos de BICs e inmuebles con protección integral.

En la nueva ley se incluye además una tipificación específica por los daños causados al patrimonio. Aparece la figura de la pintada o el grafiti, acciones sancionadas con hasta 150.000 euros. Si se realizan en el entorno de un edificio BIC, la multa oscilará entre los 300 y los 1.000 euros. Si la pintada se ha hecho en el propio BIC, como la realizada en la catedral de Santiago, entonces la sanción arranca en 6.001 euros y puede llegar a los 150.000. Para los casos de destrucción y daños irreparables, entonces la cuantía alcanza el millón de euros.