Las multas de 88 millones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en marzo de 2015 a once empresas del sector lácteo por un pacto continuado de precios, entre ellas las gallegas Lactalis, Central Lechera Gallega y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, acaba de ser anulada. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha anulado por defectos de forma las sanciones interpuestas a la industria láctea pese a que la investigación de Competencia probó el intercambio de información y el reparto de mercado de la leche cruda de vaca para el año 2013.

Fruto de las pesquisas abiertas por el supervisor de los mercados, que incluyeron inspecciones domiciliarias simultáneas en las sedes de algunas de las principales empresas del sector, la CNMC cotejó la existencia de intercambio de información "a nivel nacional y regional" sobre precios e compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. "En determinados momentos, se habrían materializado acuerdos concretos para coordinar los precios e compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales", concluyó Competencia hace ya más de tres años.

Pero finalmente la Audiencia Nacional estimó de manera parcial los recursos presentados las empresas lácteas. Sin entrar a valorar el fondo del asunto, ha ordenado retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a 24 de abril de 2014, fecha en la que la CNMC reabrió la instrucción del expediente para modificar y ampliar las imputaciones que ya habían sido establecidas. Al retrotraer las actuaciones de Competencia al momento anterior al de la resolución, el tribunal concluye que se podrá proseguir el procedimiento por sus propios cauces y que podrá culminar bien con una resolución sancionadora, o bien con una resolución de archivo, "según la apreciación de las pruebas y de las alegaciones de las partes que realice la CNMC con plena libertad de criterio", tal y como recoge la sentencia de la Audiencia.

La multa, una de las de mayor cuantía impuesta por Competencia, afectó a Danone, la más sancionada con 23,2 millones, Corporación Alimentaria Peñasanta (21,8 millones), grupo Lactalis (11,6 millones), Nestlé España (10,6 millones) Puleva Food (10,2 millones) y Calidad Pascual (8,5 millones de euros). También fueron sancionadas Senoble Ibérica (929.644 euros), Central Lechera Asturiana (698.477 euros), Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (200.000 euros), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (100.000 euros) y Central Lechera de Galicia (53.310 euros). La nómina de firmas gallegas implicadas en el cartel era mayor, según la investigación de Competencia, que apuntó también al grupo Leche Río, Feiraco y Leche Celta, aunque en estos tres casos la infracción había prescrito cuando impuso las multas.

Con anterioridad al fallo de la Audiencia Nacional sentencias, Nestlé recurrió primero ante la sala de lo contencioso de la Audiencia, y después ante el Tribunal Supremo. Tanto la Audiencia como el Supremo concluyeron el pasado mes de julio que la resolución del 2014 de la Dirección de Competencia por la que se ordenaba reabrir la fase de instrucción (amparándose en la potestad de corregir errores materiales) era nula, porque esa corrección no solo implicaba una valoración jurídica, sino que implicaba también una irregularidad procedimental al reabrirse la fase de instrucción. Con este criterio fijado por el Supremo, ahora la Audiencia analiza en sus sentencias si debe aplicarse también a las entidades que han sido sancionadas en el mismo expediente sancionador y que no recurrieron la resolución de 24 de abril del 2014. La Sala concluye que el criterio debe afectar a todas y no solo a Nestlé, como entidad recurrente en esos procesos "y ello incluso aunque no se vieran afectadas por la citada modificación temporal de la imputación". informa Europa Press.