El voto emigrante volverá a ser decisivo en las elecciones autonómicas de 2020. Para entonces, la diáspora ya no tendrá que pedir la documentación electoral, dispondrá de plazos más amplios para enviar su papeleta, será un proceso con más garantías y de carácter gratuito. La reforma del sufragio exterior que echó a andar esta semana en el Congreso eliminará las trabas al derecho al voto de la emigración pactadas por PP y PSOE en 2011 que, por un lado, vetaron su participación en las elecciones municipales y, por otro, impusieron la necesidad de rogar la papeleta en autonómicas, generales y europeas.

El tener que pedir la documentación electoral en cada cita con las urnas hizo caer en picado la participación de la diáspora -apenas llega al 5% frente a más del 30% que alcanzaba antes de la reforma- y en consecuencia los partidos ya no cruzaron el charco ni recorrieron los países europeos en busca del codiciado voto emigrante. Pero en las próximas campañas, las agendas volverán a estar cargadas de actos en el exterior ya que el sufragio de la diáspora volverá a ser clave al poder decidir escaños, como ya ocurrió en Galicia en las autonómicas de 2005. Hasta entonces el voto emigrante se inclinaba por el PP, pero en aquella cita resultó decisivo para que Manuel Fraga perdiese su mayoría absoluta, por solo un escaño, aupando así a San Caetano al bipartito de PSdeG y BNG.

En la actualidad, casi 453.000 gallegos en el exterior están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), poco más de un 1% que hace un año pero un 35% más que hace una década. La emigración gallega ya supone el 22% del colectivo español en el extranjero (un total de 2.036.926 censados). Mientras el CERA bate récord en Galicia, el padrón electoral en la comunidad continúa con un tendencia a la baja, con poco más de 2,2 millones, un 0,5% menos que en 2017 y un 3% menos que hace diez años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ampliación de plazos

Los portavoces parlamentarios y técnicos en la subcomisión del Congreso que trabaja en la reforma del voto emigrante, por la que se eliminará la obligación de pedir la papeleta, tienen previsto finalizar sus trabajos en diciembre con el objetivo de que para las elecciones del próximo año -autonómicas en algunas comunidades y europeas- ya pueda estrenarse el nuevo sistema electoral para los residentes ausentes. En Galicia, los emigrantes podrán votar con esta nueva fórmula que suprime el trámite de ruego, amplía los plazos, refuerza las garantías y asegura su gratuidad en las autonómicas de 2020.

En el arranque del debate del proyecto de reforma de la ley electoral participaron además de los portavoces parlamentarios, técnicos de los Ministerios de Exteriores, Interior, Trabajo y de la Oficina del Censo Electoral. Con la propuesta, según explica el portavoz socialista de Constitucional, Gregorio Cámara se pretende "mejorar y simplificar el procedimiento de voto de los españoles residentes en el exterior, ampliando los plazos de los que disponen para ejercer su derecho a voto, reforzando las garantías y asegurando la gratuidad del ejercicio del derecho a voto".

Bastaron tres citas con las urnas en menos de un año para que PP y PSOE reconociesen en 2012 el fracaso de la reforma que habían pactado con el objetivo de acabar con el fraude en el sufragio exterior. Pero los engorrosos trámites que conlleva el procedimiento, la brevedad de los plazos y el mal funcionamiento de los servicios de correos fuera de los países de la UE convirtieron en una carrera de obstáculos el ejercicio del derecho al voto.

En las próximas citas con las urnas, los emigrantes recibirán en su domicilio la documentación electoral con tiempo suficiente para emitir su voto. La papeleta llegará a partir del decimoctavo día posterior a la convocatoria de los comicios, última fecha en la que se actualiza el censo.

Como para esa fecha las candidaturas todavía no estarán proclamadas, la diáspora recibirá una papeleta en blanco, que deberán rellenar con su opción de voto. Otra de las novedades es la ampliación en dos días del plazo previsto para votar en urna en las oficinas consulares, lo que garantiza que todos los sufragios lleguen a tiempo para su escrutinio.

Con la nueva fórmula, que agiliza y anticipa los trámites para así evitar el deficiente funcionamiento de los servicios postales en algunos países se garantiza la participación, pero se evita volver al sistema anterior que propiciaba bolsas de fraude.