Ni la reforma local aprobada por Hacienda en 2013 clarificó las competencias de cada administración ni las leyes autonómicas que implican a los concellos van acompañadas de la correspondiente financiación. Las administraciones locales no dicen no a las obligaciones que les impone cada nueva normativa de la Xunta -limpieza del monte, servicios sociales, control de viviendas sin rematar, protección animal, planes de emergencia en las verbenas, recogida y tratamiento de basura o suministro o depuración de aguas, entre otras- pero reclaman que cada cambio que les afecte vaya acompañado de fondos para poder prestar de manera eficiente los servicios a sus vecinos. Para tratar de corregir la falta de un mapa competencial claro y dotado de fondos, una situación que desde hace años ha provocado malestar y quejas en el municipalismo, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso (PSOE), reclamó ayer un nuevo Pacto Local que actualice la relación de obligaciones y concrete la financiación de los servicios públicos municipales basándose en un "acuerdo amplio" de todas las fuerzas políticas.

Desde le Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) advierten con cada nueva ley que aprueba la Xunta y que salpica a los ayuntamientos de que los gobiernos locales no se apartan de las obligaciones que les encomiendan, sino de que no vayan acompañadas de "cuartos para atenderlas", tal y como reprochaba en una reciente entrevista a este periódico el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco, el socialista Alfredo García.

Con esta petición en la agenda, Formoso arrancó ayer su comparecencia en el Parlamento para presentar los presupuestos de la corporación provincial para el próximo ejercicio, que ascienden a 183,6 millones, un 2,2% más que este año. "Son muchos los ejemplos de leyes y normas autonómicas que establecen competencias y obligaciones para los ayuntamientos que no se analizan ni cuentan con financiación suficiente [por parte de la Xunta]", cuestionó el presidente de la Diputación de A Coruña.

Para ello, propuso la constitución en el Parlamento de una comisión específica de Administración Local y UE que sirva como "canal permanente" de comunicación y diálogo" entre Xunta, concellos y diputaciones y que se encargue de la necesaria "racionalización y descripción detallada de las competencias que la normativa autonómica atribuye de forma dispersa y sin financiación" a los ayuntamientos y de "dotar los recursos económicos necesarios para que puedan desarrollar adecuadamente estas competencias".

Servicios compartidos

De "imprescindible" y "urgente" calificó Formoso la necesidad de mejorar la coordinación de Xunta y entidades locales, por lo que emplazó a "dar contenido y periodicidad" a la Comisión Galega de Cooperación Local para que pueda cumplir "su misión". Además abogó por "impulsar, promover y primar" la prestación compartida de servicios municipales para reducir gastos y aprovechar al máximo las economías de escala.

En su intervención, el presidente de la diputación coruñesa defendió un nuevo modelo de cooperación con los ayuntamientos y reclama que la Xunta fije también criterios objetivos en la asignación de recursos.

El último en comparecer en la comisión presupuestos del Parlamento fue el presidente de la de Ourense, José Manuel Baltar, quien presumió de sus presupuestos crecen, un 2,4% hasta los 82,7 millones de euros, y de que es la primera administración de Galicia que ya ha aprobado las cuentas para el próximo año. A su juicio, las cuentas del próximo año ponen de manifiesto "un crecimiento equitativo" entre las zonas rurales y las zonas urbanas de la provincia, que además evidencian que se trata de unos presupuestos "caracterizados por la cooperación con ayuntamientos y vecindario".