El Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo inició ayer el juicio contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, por la concesión supuestamente irregular en 2006 de 44 licencias -entre urbanizaciones y bloques de edificios- para construir casi 3.500 viviendas en un municipio con apenas 3.000 habitantes. Fue el máximo exponente en Galicia del boom del ladrillo. El regidor, en su comparecencia, negó haber cometido "ninguna irregularidad en ningún momento" y echó las culpas a la secretaria municipal porque le había dicho a la junta de gobierno que los informes para el desarrollo urbanístico eran favorables y que no había objeciones a las distintas promociones.
"Confiábamos plenamente en ella y nos engañó. Si yo hubiera tenido la más mínima duda, votaría en contra", declaró Fuente a preguntas del fiscal.
Posteriormente, a la puerta de los juzgados de Lugo, Fuente Parga confesó que es "un alivio" que finalmente se celebre el juicio, tras lo que reiteró su inocencia. "Nosotros votamos siempre con informes favorables, todos ellos; con lo cual eso es lo que vamos a mantener", apuntó. Después de once años reconoció que esta situación le había "desgastado" y que "no" se lo deseaba ni a su "peor enemigo". "Once años esperando por un juicio, pero es así", reconoció.
En cuanto al urbanismo a día de hoy, aseguró que se desarrolla "sin ningún problema" y que las viviendas, "algunas están rematadas y a disposición de sus compradores y otras que quedaron paralizadas pero no por un problema urbanístico".
La Fiscalía pide para el regidor local, que en noviembre de 2015 anunció que dejaba el Partido Popular por la apertura de juicio oral, una pena de dos años de prisión y diez meses de inhabilitación, aunque la acusación particular, ejercida por la organización ecologista Adega, solicita un año de prisión por "cada uno de los delitos que le imputa al regidor local". El urbanismo de Barreiros fue calificado como "la Marbella cutre gallega" por Adega.
En el proceso están acusados, además del alcalde, cinco miembros de la Junta de Gobierno del año 2006 y la arquitecta municipal.
La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, pide penas que van de seis meses a dos años de prisión, además de requerir la anulación de las 44 licencias que se aprobaron para la construcción de 3.000 viviendas.
La vista oral fue señalada para mediados de febrero de este año, pero finalmente tuvo que ser suspendida como consecuencia de la huelga de los funcionarios de Justicia, ya que en aquel momento los juzgados de lo Penal de Lugo solo estaban tratando causas con preso.
El secretario general de Adega, Froilán Pallín, coincidió con Fuente Parga en que estar "once años en esta situación ya es un escándalo". "Esto no es justicia, ni nada, simplemente se destrozó un pueblo económicamente, socialmente y arruinó a mucha gente. Es el ejemplo de lo que no se debe de hacer urbanísticamente", censuró.
En esta línea, desgranó que "no se cumplió ninguna de las ordenanzas urbanísticas". "Eran terrenos que no estaban calificados para ser edificados, alguno de ellos sigue con un proceso de urbanización y planificación urbanística", apuntó. Pallín puso el acento en que eran construcciones "sin servicios, y que posteriormente se pretendió que fuera la propia administración, la Xunta e incluso participaba la diputación, con un plan sectorial para dotarlos de servicios a terrenos que no tenían la condición de solar y, por tanto, no podían ser edificados".
