El superávit del que disponen los ayuntamientos no es de libre disposición. Para gastarlo tienen que cumplir con una serie de requisitos impuestos por Hacienda, como que no consoliden gasto o que las inversiones sean sostenibles, aparte de solo poderse destinar a fines muy concretos. Esto en la práctica limitaba mucho el campo de acción en el que invertir los gobiernos locales, por lo que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) presionó al Gobierno para flexibilizar las condiciones. Ya con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda se consiguió en el arranque de este año que los alcaldes pudieran gastar su superávit de 2017 a lo largo de este año y el próximo, ejercicio en el que se celebrarán los comcios locales, así como que ampliase el catálogo de actuaciones en las que poder invertir.

Y el pasado mes, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la ley de presupuestos permitirá que el superávit de este año pueda ser utilizado el próximo ejercicio y además destinarse a más inversiones sociales y planes de empleo. Ahora está por ver si el Gobierno central es capaz de aprobar sus presupuestos.