09 de noviembre de 2018
09.11.2018

Un cambio legal expone a la AP-9 a multas de 300.000 euros si comete una negligencia

El Gobierno modifica la Ley de Carreteras para sancionar a las concesionarias de las autopistas que causen "un perjuicio significativo a los usuarios"

09.11.2018 | 02:24
Atasco en la AP-9 en dirección a Santiago.

Colapsos como los que han sufrido usuarios de la AP-9 podrían salir caros a Audasa, concesionaria de la vía de peaje, si se repiten en el futuro. El Gobierno central aprobó ayer una modificación de la Ley de Carreteras de 2015 que, en la práctica y entre otras cuestiones, endurece las sanciones a las que se arriesga una concesionaria de la red estatal de autopistas. El Consejo de Ministros decidió que las empresas como Audasa, o cualquiera otra que gestiona viales similares, puedan ser multadas con hasta 300.000 euros si se demuestra que han actuado de forma "negligente" y causado "un perjuicio significativo" a sus conductores. Para hacerlo posible el Ejecutivo ha introducido ese supuesto en la Ley de 2015 como una nueva "infracción muy grave", la penalización máxima contemplada en la normativa y que acarrea sanciones que oscilan entre los 15.000 y 300.000 euros.

Hasta ahora la ley solo encuadraba en esa categoría infracciones como construir sin licencia en las autopistas, deteriorar los viales y su equipamiento, modificar los accesos sin autorización o instalar letreros publicitarios o luminosos que pudieran comprometer la seguridad del tráfico. Solo en el capítulo de "infracciones graves", que son aquellas sancionadas con entre 3.000 y 15.000 euros, se describían hechos parecidos a los que ahora el Gobierno quiere castigar con las máximas multas, aunque la normativa era poco clara y se refería únicamente a "negligencias en la prestación de servicios o el cumplimiento de las tareas de explotación" del vial. A la espera de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo recoja, el Ministerio de Fomento avanzaba ayer en un comunicado que el cambio busca sancionar "la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando estas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios". En los últimos meses diferentes instituciones públicas han destacado los perjuicios que han sufrido los conductores de la AP-9 por la gestión de Audasa. La Valedora do Pobo decidió abrir una queja de oficio en 2017 y otra hace varios meses ante los "reiterados atascos" en la autopista. En mayo, la Fiscalía de Pontevedra anunció también que abría diligencias por el "deficiente funcionamiento de la AP-9 en Rande". El Ministerio público subrayó incluso que el problema se había mantenido durante "meses". Hace poco -a finales de septiembre- trascendió su intención de llevar a Audasa a los tribunales para que indemnice a todos aquellos conductores que puedan acreditar haberse visto perjudicados por los atascos que se producen en la autopista.

Tras las reiteradas quejas de los conductores particulares y transportistas profesionales, la Valedora do Pobo incluso defendió que lo "lógico" es que no se cobre a los conductores afectados por los embotellamientos. "Las barreras de los peajes se deben levantar en los casos de retenciones importantes. El servicio de una autopista de pago tiene que ser óptimo de forma permanente", alegó Milagros Otero. Alcaldes, partidos y colectivos empresariales también han censuraron el mal servicio que se prestaba en la AP-9.

Por ejemplo, los colapsos a la entrada de Vigo se repitieron con frecuencia durante meses -la Fiscalía investigó hasta 39- a raíz de las obras en Rande. Aunque el Gobierno inauguró la ampliación del puente en diciembre de 2017, los operarios siguen trabajando en el viaducto y se mantienen los cortes de carriles por las noches. Hasta mayo, sin embargo, las obras se realizaban también de día, lo que ocasionaba frecuentes y kilométricas retenciones.

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