Una de las demandas que planteó Adega, explica Eirexa, era que se dotase de la condición de agentes de autoridad (conforme a la ley de 2015, según consta en el anteproyecto) al personal funcionario que desarrolla los trabajos de vigilancia y control ambiental, como una "policía verde", dice, una condición que también aprueban desde la SGHN. En el texto legal en preparación se desgrana que este personal en ejercicio de funciones inspectoras estaría facultado para tomar muestras, fotografías o realizar cualquier otra actuación tendente a investigar los hechos que pudieran constituir una infracción administrativa según lo especificado en la legislación.
La normativa en preparación contempla multas de un máximo de dos millones de euros en el caso de infracciones muy graves y entre ellas estaría la colocación de veneno o cebos envenenados en espacios naturales protegidos.
