10 de noviembre de 2018
10.11.2018

La juez Pilar de Lara atribuye los retrasos en los casos que instruye a la falta de medios

Su abogado sostiene que las demoras en las causas complejas son habituales en los juzgados - Alega que el propio CGPJ le restó tiempo al pedirle informes

10.11.2018 | 01:59
Pilar de Lara.

La magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado número 1 de Lugo e instructora del caso Pokemon, declarará ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el próximo día 21, dentro del expediente que le han abierto por "retrasos injustificados" y por "abuso procesal", al incrementar de forma artificial el trabajo de su juzgado. Para este envite, la magistrada se ha buscado como abogado al exmagistrado Agustín Azparren, que fue vocal del CGPJ.

Azparren indicó que el expediente por retrasos es "sorprendente dadas las causas tan complejas que tiene su juzgado, que son propias de un juzgado central de instrucción, como la Audiencia Nacional". Y es que, añadió, "en cualquier juzgado que lleve este tipo de casos de corrupción se producen retrasos".

Según el exmagistrado, De Lara está acusada de "dejadez y abandono", pero le parece evidente que "no es el caso". Azparren resaltó que la inspección lleva haciendo un seguimiento del Juzgado de Pilar de Lara desde hace dos años "y hasta ahora no dijo que había retrasos injustificados". El letrado prefiere descartar que este expediente sea fruto de presiones.

Azparren apuntó que "se abrieron denuncias contra magistrados que llevaban conocidos casos de corrupción, pero todos terminaron archivados". En opinión del exmagistrado, en este tipo de casos hay que contar con que los afectados denuncien e intenten apartar a los jueces de las investigaciones.

En el caso de Pilar de Lara, ha habido varias denuncias de implicados en el caso Pokemon que han intentado apartarla de las pesquisas de una macrocausa que superó el centenar de imputados e indaga posibles pagos de sobornos de empresarios a políticos para lograr contratos municipales. Se vieron salpicados cargos de Santiago, Lugo u Ourense desde el estallido de la operación judicial en el año 2012.

Entre quienes intentaron apartar a De Lara figura el empresario Miguel García-Gesto, que protagonizó un incidente con la juez en un establecimiento de Lugo y pidió su recusación, a la que se apuntó el exalcalde socialista de Lugo, José López Orozco, cuya imputación lo obligó a dejar el concello y ceder el bastón de mando en 2015. García-Gesto logró que la juez se apartase de la instrucción referida a este empresario.

Los colegios de abogados gallegos también han canalizado alguna denuncia contra la magistrada por vulneración de derechos. Y en círculos de la judicatura del noroeste se hacían apuestas sobre lo que tardaría la magistrada en ser apartada.

Pilar de Lara, por su parte, ha dado explicaciones de lo que ocurre en su juzgado. En un auto sobre un caso que está instruyendo -el de un bebé intoxicado por ingerir hachís- da hasta tres motivos para explicar los retrasos. Por un lado, "la acumulación de trabajo tras la huelga de funcionarios" y la ausencia de medidas de la Xunta para dotar de medios al juzgado.

En segundo lugar, la ausencia de respuesta a sus peticiones de prolongación de jornada laboral de los funcionarios desde hace un año. Y en tercero, las inspecciones realizadas por el CGPJ, que la obligaron a realizar una serie de informes que llevaron a la virtual paralización del juzgado.

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